Fernando M. Gracia Climent 
«El honor empieza precisamente cuando hacer lo correcto amenaza aquello que uno quiere conservar. Ahí es donde deja de ser una palabra y se convierte en una prueba»
El honor es una de esas palabras que sobreviven mucho mejor en los discursos que en la vida real. Se pronuncia con extraordinaria facilidad en los cuarteles, se graba en las academias, se invoca ante las banderas, aparece en juramentos, himnos, reglamentos y ceremonias, y casi siempre suena bien. Tal vez por eso hemos terminado asociándolo casi exclusivamente al ámbito castrense, como si fuera una propiedad particular de los uniformes, las condecoraciones y las formaciones militares. Y no lo es. El honor no pertenece al Ejército ni a la Guardia Civil. Ni siquiera pertenece especialmente a ellos. Pertenece a cualquier persona que entienda que existen cosas que no deben hacerse, aunque puedan hacerse y cosas que deben hacerse, aunque resulte más cómodo evitarlas.
El problema comienza cuando llega el momento de practicarlo. Porque entonces descubrimos algo bastante menos solemne y mucho más incómodo. El honor suele costar dinero, prestigio, comodidad, amistades, ascensos, cargos y, en ocasiones, una carrera entera. Esto vale para un general, pero exactamente igual para un ministro, un juez, un médico, un profesor, un periodista, un empresario o cualquier ciudadano. La diferencia es que en el mundo militar la palabra se pronuncia mucho más. No estoy seguro de que eso garantice que se practique más.
El honor que no cuesta nada quizá sea simplemente buena educación. Saludar correctamente, vestir con dignidad, cumplir el protocolo, mantener las formas y pronunciar las palabras adecuadas en los actos oficiales puede resultar decoroso, pero no necesariamente honorable. El honor empieza precisamente cuando hacer lo correcto amenaza aquello que uno quiere conservar. Ahí es donde deja de ser una palabra y se convierte en una prueba.
Las propias Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas vinculan el honor al cumplimiento del deber, a la integridad, a la responsabilidad, a la ejemplaridad y a la honradez. No lo presentan como una ornamentación sentimental ni como una reliquia decimonónica, sino como una exigencia concreta. Y establecen algo esencial. Quien ejerce el mando responde de sus decisiones. Una idea sencilla que, sin embargo, parece haberse vuelto sorprendentemente sofisticada en la vida pública contemporánea, donde cada vez resulta más frecuente encontrar responsables que aseguran haber mandado sin decidir, decidido sin saber o sabido sin tener competencia. La capacidad administrativa para no ser responsable de nada mientras se ocupa precisamente el puesto destinado a responder por todo es, probablemente, una de las grandes innovaciones de nuestro tiempo.
Pero sería un error convertir las Reales Ordenanzas en una especie de reserva natural del honor. El militar tiene unas normas escritas que se lo recuerdan. Los demás quizá no tengamos un artículo reglamentario que nos lo diga cada mañana, pero la obligación moral permanece. El médico que reconoce un error, el profesor que se niega a favorecer a alguien, el funcionario que no altera un informe, el empresario que cumple un compromiso cuando podría incumplirlo sin consecuencias y el periodista que rectifica públicamente una información falsa están actuando dentro de la misma lógica moral. No llevan uniforme. No importa.
Todo esto adquiere una especial relevancia cuando observamos algunas de las noticias recientes relacionadas con la cúpula militar española, con la Guardia Civil y con la gestión política de determinados episodios que afectan directamente a la soberanía y a la seguridad nacional. Los acontecimientos recientes en Ceuta han vuelto a recordarnos que la defensa de una parte del territorio español depende, en buena medida, de la colaboración de Marruecos, país que, al mismo tiempo, no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. No parece una circunstancia menor. Tampoco parece especialmente tranquilizador que, mientras Marruecos incrementa de manera sostenida su capacidad militar, España siga moviéndose con frecuencia en una política de apaciguamiento donde la prudencia corre el riesgo de confundirse con la debilidad y la diplomacia con una suerte de esperanza permanente en que el problema desaparezca si procuramos no mirarlo demasiado. A veces da la impresión de que nuestra estrategia exterior consiste en confiar en que las realidades geopolíticas también respeten los horarios de oficina.
Ante una situación de este tipo resulta inevitable preguntarse qué significa exactamente el honor para quienes ocupan las más altas responsabilidades militares y de seguridad del Estado. Pero conviene insistir. No porque los militares sean los únicos obligados a tener honor, sino porque disponen de una responsabilidad particularmente grave. El mismo principio podría aplicarse mañana a un ministro ante una crisis sanitaria, a un juez ante un conflicto de intereses o a un periodista ante una información que sabe falsa.
Conviene decir desde el principio que las Fuerzas Armadas no son un poder político alternativo, ni una tertulia uniformada, más allá sin llevarnos a engaño de su condición de personas y por ello de ciudadanos, ni una institución destinada a corregir públicamente al Gobierno cada vez que un general discrepa de una decisión. España conoce demasiado bien las consecuencias de esa concepción. El militar está sometido al poder civil legítimo, debe mantener la neutralidad política y tiene la obligación de obedecer dentro del marco de la Constitución y de la ley. Pero obedecer no significa necesariamente asentir, y mucho menos adular.
La verdadera lealtad de un alto mando consiste, entre otras cosas, en decirle al poder político aquello que el poder político preferiría no escuchar. Explicar cuál es la amenaza real, cuáles son los medios disponibles, cuáles faltan, qué riesgos se están asumiendo y qué consecuencias pueden derivarse de determinadas decisiones. Y hacerlo con independencia de que aquello favorezca o perjudique el próximo ascenso. Porque hay una diferencia considerable entre ser leal al Gobierno y ser agradable al Gobierno. La primera es una virtud institucional mientras que la segunda puede ser simplemente una estrategia profesional. Y tampoco esto es específicamente militar. El asesor económico que modifica sus conclusiones para complacer al ministro hace exactamente lo mismo. El técnico que firma un informe que considera incorrecto para no enemistarse con su superior también. El científico que adapta sus resultados al interés de quien financia el estudio, el periodista que retoca una información para no incomodar a la dirección de su medio o el funcionario que mira hacia otro lado ante una irregularidad están resolviendo el mismo conflicto entre conveniencia y conciencia. El escenario cambia. El problema moral es idéntico.
En este contexto resulta particularmente revelador el episodio de la conversación grabada entre dos generales de la Guardia Civil, Fernando Mora y el teniente general Luis del Castillo Ruano. El asunto, conocido públicamente después de que saliera a la luz la grabación, reúne todos los elementos necesarios para una reflexión sobre el honor. Jerarquía, obediencia, presión política, lenguaje impropio, grabación clandestina, denuncia posterior y, finalmente, una resolución judicial que archivó el procedimiento penal.
Según lo conocido, Mora, entonces jefe de la Zona de Madrid, había sido invitado a los actos institucionales del 2 de mayo organizados por la Comunidad de Madrid. Su superior le comunicó que no debía asistir. Mora consideró que, estando oficialmente invitado y siendo representante institucional de la Guardia Civil en Madrid, su presencia era lo normal. La discrepancia terminó derivando en una conversación telefónica extraordinariamente poco edificante para dos mandos de semejante graduación. En ella aparecieron advertencias sobre las consecuencias de acudir al acto y expresiones de una vulgaridad difícilmente compatible con la idea tradicional de mando, llegando incluso a utilizarse una amenaza física en términos que uno esperaría escuchar antes en una discusión de tráfico que entre generales.
No deja de resultar llamativo que instituciones que se presentan justamente como escuelas de disciplina y templanza terminen ofreciendo, de vez en cuando, ejemplos que serían impropios hasta de una reunión de comunidad de propietarios particularmente deteriorada.
El Tribunal Supremo terminó archivando la denuncia y concluyó que aquellas expresiones no alcanzaban relevancia penal suficiente. Las calificó, sin embargo, de groseras, chabacanas y soeces. Y aquí comienza precisamente lo interesante. El Derecho resolvió una cuestión, pero el honor plantea otra distinta.
Que una conducta no sea delito no significa que sea digna. Parece una obviedad, pero hemos llegado a un punto en nuestra vida pública en el que conviene recordarla. Durante años hemos ido sustituyendo progresivamente la responsabilidad moral por la responsabilidad penal. Mientras no exista una sentencia firme, nadie parece obligado a dimitir, pedir disculpas, reconocer un error o asumir consecuencia alguna. Es una concepción extraordinariamente pobre de la ética pública. Un ministro, un general, un juez, un rector o un presidente pueden comportarse de manera perfectamente impropia sin que el Código Penal tenga nada que decir al respecto. Y un ciudadano corriente también. No hace falta ocupar un cargo público para comportarse sin honor.
El Código Penal establece el límite de lo perseguible. El honor debería situarse bastante más arriba. Pero el episodio de los dos generales tiene además una segunda vertiente que conviene no ocultar si realmente queremos hablar de honor y no utilizarlo simplemente como arma arrojadiza contra quienes nos resultan antipáticos. Fernando Mora grabó clandestinamente la conversación con su superior utilizando otro teléfono. El propio Supremo consideró ese comportamiento inadecuado, impertinente e irrespetuoso y llamó también la atención sobre el tiempo transcurrido antes de que los hechos fueran denunciados.
Así que el asunto resulta bastante más interesante de lo que permitiría una interpretación partidista elemental. De un lado, un superior que transmite una instrucción discutible y termina expresándose en términos difícilmente compatibles con la dignidad de su rango. Del otro, un subordinado que considera que se está intentando instrumentalizar políticamente a la Guardia Civil, se resiste a aceptar la orden y decide grabar de manera secreta la conversación. Después llega una denuncia, pasa más de un año y el Tribunal Supremo concluye que no existe delito.
Jurídicamente, el asunto puede haber terminado. Moralmente, no necesariamente. La pregunta que creo relevante no es solo quién cometió un delito. La pregunta verdaderamente incómoda es quién se comportó con honor. Y quizá la respuesta no deje completamente satisfecho a ninguno de los protagonistas.
La Guardia Civil conserva desde sus orígenes una de las formulaciones más exigentes que existen sobre esta cuestión. El honor ha de ser la principal divisa del guardia civil y, una vez perdido, no se recobra jamás. La frase tiene más profundidad de la que aparenta, porque no coloca en primer lugar la obediencia, ni la carrera, ni la jerarquía, sino el honor.
Pero uno podría sacar esa frase de un cuartel y colocarla, con algunas modificaciones, en la puerta del Congreso, de un tribunal, de una universidad, de un periódico, de un hospital o de una empresa. No quedaría fuera de lugar. Quizá incluso resultara conveniente. Aunque sospecho que en algunos sitios habría que colocarla en letras bastante grandes.
Obedecer es imprescindible en una organización militar. Sin disciplina no existe ejército posible. Pero una institución jerarquizada no puede funcionar correctamente si sus mandos confunden disciplina con servidumbre. El subordinado tiene el deber de cumplir las órdenes legítimas, pero también el deber de advertir cuando considera que una decisión puede resultar perjudicial para la institución, para la seguridad o para el interés general. Y el superior, por su parte, tiene la obligación de ejercer la autoridad sin convertirla en intimidación personal.
Lo verdaderamente preocupante sería que termináramos considerando como modelo profesional al militar, al funcionario o al alto cargo que nunca discrepa de nada porque ha descubierto que el silencio constituye una magnífica herramienta de promoción. No preguntar, no advertir, no dejar constancia escrita, cumplir, sonreír y esperar el siguiente nombramiento. Es una forma muy eficaz de atravesar una carrera sin cometer errores propios, porque todos los errores han sido previamente atribuidos a alguien situado más arriba.
La historia está llena de hombres que afirmaron limitarse a cumplir órdenes. Y también está llena de desastres que podrían haberse evitado si alguien hubiera tenido el valor de decir no, o al menos de decir cuidado.
El honor militar tiene, por tanto, mucho menos que ver con la retórica patriótica de lo que habitualmente pensamos. El 23 de febrero de 1981, Manuel Gutiérrez Mellado, general y vicepresidente del gobierno en ese momento, se levantó de su escaño y se enfrentó físicamente a quienes acababan de entrar armados en el Congreso. No hizo un análisis de probabilidades. No esperó a saber si el golpe triunfaba. No comprobó qué capitanías apoyaban la operación. Simplemente se levantó. Frente a él también había hombres que hablaban de España, de patria, de ejército y probablemente también de honor. Esa imagen debería bastar para comprender que pronunciar la palabra honor y poseerlo son cosas muy diferentes.
Pero tampoco hace falta enfrentarse a unos golpistas para demostrarlo. Hay formas mucho menos espectaculares de honor y probablemente mucho más frecuentes. El funcionario que se niega a falsear un expediente, el médico que reconoce ante una familia que se equivocó, el profesor que mantiene una calificación justa, aunque reciba presiones, el empresario que paga una deuda que jurídicamente podría intentar eludir, el periodista que rectifica en primera página lo que publicó erróneamente en primera página o el político que dimite antes de que un juez le obligue a hacerlo están practicando exactamente la misma virtud. No habrá cámaras. Quizá por eso tengan todavía más mérito.
Algo parecido ocurre cuando recordamos Annual. Un ejército puede perder una batalla con honor. La derrota no es necesariamente deshonrosa. Lo deshonroso puede ser enviar hombres a posiciones insostenibles a sabiendas, ignorar advertencias, sobrevalorar las propias fuerzas, despreciar al adversario y, cuando llega el desastre, distribuir las responsabilidades hasta conseguir que nadie parezca realmente responsable. El honor no garantiza la victoria. Lo que debería garantizar es la asunción de responsabilidad cuando llega la derrota.
También existen ejemplos más recientes y menos dramáticos. En 2021, el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, solicitó su cese después de la polémica por su vacunación anticipada durante la pandemia. Puede discutirse si había cometido una falta grave, si su comportamiento había sido realmente irregular o si la dimisión era necesaria. Pero hay algo difícil de negar. Asumió un coste personal para evitar que la polémica continuara perjudicando a la institución que dirigía. Ese gesto parece hoy casi arqueológico.
En nuestra vida pública, dimitir se ha convertido en una especie de extravagancia. Casi nadie considera que exista motivo suficiente para abandonar un cargo. Si aparece un escándalo, se pide esperar a las explicaciones. Si las explicaciones no convencen, se pide esperar a la investigación. Si la investigación resulta incómoda, se pide esperar al juicio. Si llega el juicio, se solicita esperar la sentencia. Si hay sentencia, queda el recurso. Después seguramente quedará Estrasburgo, una comisión parlamentaria o el argumento de que todo forma parte de una campaña. Y cuando finalmente se agotan las instancias, probablemente ya ha cambiado el Gobierno, el interesado se ha jubilado o nadie recuerda exactamente por qué comenzó todo. Así resulta relativamente sencillo conservar el puesto. El problema es que quizá el honor funcione de otra manera. El honor no pregunta solamente si uno puede seguir en el cargo, pregunta si debe seguir. No pregunta únicamente si una conducta es legal, lo que pregunta es si es digna. No pregunta si existe una norma que obligue a marcharse. La pregunta es si quedarse resulta compatible con la propia conciencia. Y aquí es donde conviene abandonar definitivamente la idea de que estamos hablando de una virtud militar. Estamos hablando de una forma de estar en el mundo.
Hay deshonor cuando un ministro conoce un problema grave y lo oculta porque reconocerlo tendría un coste electoral. Cuando un funcionario adapta un informe a lo que desea escuchar su superior. Cuando un juez interviene en un asunto del que debería apartarse. Cuando un médico oculta un error. Cuando un profesor favorece a quien no lo merece. Cuando un empresario incumple conscientemente su palabra porque sabe que el perjudicado no podrá demandarlo. Cuando un periodista publica una falsedad y después corrige silenciosamente el texto esperando que nadie se dé cuenta. Cuando alguien acepta como propio un mérito que sabe que pertenece a otro. Cuando se abandona a un amigo justo cuando ayudarlo empieza a tener un coste. Y también cuando un responsable público responde a cualquier reproche asegurando que todavía no ha sido condenado por ningún tribunal. Todas esas conductas pueden ser perfectamente legales, pero algunas son profundamente deshonrosas.
El honor pertenece a un territorio mucho más incómodo que el Derecho porque no permite esconderse detrás de una sentencia. Tampoco necesita uniforme, reglamento ni tribunal. Tiene algo de obligación ante uno mismo, pero no en el sentido narcisista de sentirse satisfecho, sino en el mucho más exigente de saber que existen límites que uno no está dispuesto a traspasar, aunque nadie vaya a descubrirlo. Por eso el honor de la actual cúpula militar española no podrá medirse por las medallas, por la marcialidad de los desfiles ni por la cantidad de veces que aparezca la palabra España en los discursos institucionales. Se medirá, sobre todo, por cosas que probablemente nunca conoceremos completamente, por los informes que hayan enviado al Gobierno, por las advertencias realizadas, por las objeciones formuladas, por las amenazas correctamente evaluadas, por la preparación real de las unidades y por la sinceridad con que hayan explicado nuestras capacidades y nuestras carencias. Pero exactamente el mismo examen debería aplicarse a quienes reciben esos informes. Porque sería absurdo exigir honor al general que advierte y dispensar de él al ministro que decide ignorar la advertencia. Sería igualmente absurdo exigir dignidad al subordinado y no al superior, al funcionario y no al político, al militar y no al civil. El honor no admite esas excepciones corporativas.
No necesitamos generales que hagan política. Sería un retroceso histórico imperdonable. Pero tampoco necesitamos generales que se comporten como funcionarios preocupados exclusivamente por llegar al siguiente empleo. De la misma manera, no necesitamos políticos cuya única brújula sea la próxima encuesta, jueces cuya independencia dependa de quién los haya nombrado, periodistas cuya verdad cambie con la línea editorial o ciudadanos que consideren moral cualquier conducta mientras no esté expresamente prohibida.
Porque la lealtad no consiste en decir siempre sí. Eso es sumisión. Y el honor tampoco consiste en decir siempre no. Eso puede ser simplemente soberbia. El honor consiste en saber cuándo corresponde cumplir, cuándo corresponde advertir, cuándo corresponde reconocer un error y, en algunas circunstancias, cuándo corresponde marcharse. Y, sobre todo, consiste en estar dispuesto a pagar personalmente el precio de cualquiera de esas decisiones.
Quizá por eso hablamos tanto del honor y lo encontramos con tanta dificultad. Porque el honor verdadero tiene una característica poco compatible con nuestro tiempo. Suele resultar caro. Puede costar un ascenso, un destino, un ministerio, una dirección general, una amistad, una candidatura, un negocio, una clientela o una carrera. Puede costar prestigio. Puede costar dinero. Puede costar quedarse solo. A veces consiste en levantarse de una silla cuando todos los demás permanecen sentados. Otras veces, seguramente la mayoría, consiste simplemente en no hacer algo que nadie habría descubierto. Y quizá ahí esté su verdadera dimensión. El honor no es una virtud militar. Es una virtud humana. Los militares simplemente tienen la particularidad de llevarla escrita en sus ordenanzas. Los demás tenemos la dificultad añadida de tener que recordarla solos. Todos humanos.
Y tal vez el verdadero problema de nuestro tiempo no sea que hayamos dejado de saber qué significa el honor. Probablemente lo sabemos perfectamente. Quizá lo que hemos aprendido con extraordinaria eficacia es a encontrar una explicación razonable cada vez que actuar con honor resulta inconveniente. La cuestión que queda, entonces, no afecta ya a los generales, a los ministros, a los jueces ni a quienes aparecen en los periódicos. Nos afecta a todos.
Si el honor solo puede demostrarse cuando conservarlo nos obliga a perder algo, ¿qué estaríamos realmente dispuestos a perder nosotros antes que aceptar convertirnos, poco a poco y con argumentos perfectamente razonables, en aquello que siempre dijimos despreciar?
