José Crespo 
«Como consecuencia de este timo se nos aparecen pequeños pueblos con más electores en el exterior que residentes locales, como si el Censo hubiera parido milagrosamente»
Iustitia Europa y Vox han conseguido paralizar una auténtica aberración suspendiendo cautelarmente el efecto electoral de determinadas inscripciones de nacionalizados mediante la ley de memoria democrática. Digamos que no les ha quitado la nacionalidad, sino que ha frenado el voto en los supuestos afectados mientras se resuelve si la administración aplicó correctamente la norma. En fin, español sí, pero elector ya es otra cosa.
Veamos el contexto, la ley de memoria democrática, de infausto parto por parte de ZP, permitió solicitar la nacionalidad a determinados descendientes de españoles cuyos familiares habían sido víctimas de la represión franquista, algo discutible o no pero el conflicto está en cómo una instrucción administrativa interpretó los requisitos relacionados con el exilio.
La ley dice ‘que hayan sufrido exilio’ y la instrucción ‘se presumirá la condición de exiliado’.
A raíz de esa instrucción, cualquier descendiente de español de los territorios de Ultramar podrían reclamar por simple presunción la nacionalidad y además el voto, metiendo en el mismo saco a los represaliados del franquismo y a personas que habían ido a buscarse la vida a América u Oceanía como medio de supervivencia.
Vistas las artimañas de Pedro el incendiario cuando en 2021 cuando nos decía «Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro» recomendando recurrir a este tipo de sufragio por haber sido, según sus cálculos, la «palanca del cambio» en Estados Unidos, Vox y Iustitia Europa tomaron la decisión de recurrir la ley pidiendo la suspensión.
En ese momento, recordemos aquello de «de quién depende la Fiscalía», pues la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, saltaron al tiempo y se opusieron.
A pesar de ello, y aunque Pumpido se está remangando para solucionarle la papeleta a Snchz, el Tribunal Supremo acordó la suspensión devolviendo al redil de la memoria histórica a la instrucción administrativa, lo cual no deja de ser lógico pues si todo se basa en la memoria histórica y en el hecho de resarcir injusticias ‘fraquistas’, tendrán que beneficiarse las víctimas y no el nieto de un señor que sencillamente huyó de la pobreza y emigró para mejorar su vida.
La pisada de freno vino acompañada de cifras, pues el Supremo justifica la suspensión de la “ley de nietos” por la existencia de riesgo de alteración del censo electoral, pues el censo exterior pasó de 2.200.000 electores en las Elecciones Generales de 2023 a 2.700.000 en julio de 2026.
Son la nada desdeñable cantidad de 400.000 personas más, que tanto preocupan a Bolaños.
Como consecuencia de este timo se nos aparecen pequeños pueblos con más electores en el exterior que residentes locales, como si el Censo hubiera parido milagrosamente. Hay quien, como consecuencia de esta maniobra, ha calculado el impacto en 23 escaños. Así Buenos Aires, sin ir más lejos, estaba a punto de convertirse en la tercera ciudad española.
Ahora el PP, se apunta al carro, y afirma que con la decisión de suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo sobre la “ley de nietos” se ha frenado un intento del presidente Pedro Sánchez de alterar las elecciones.
También Bolaños se sacudió con lo siguiente: «Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible, y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia que es el derecho al voto».
¿Lo antes posible?, ¿antes de los procesos electorales del 2027?… no soy conspiranoico pero me huele a confesión de pucherazo tan firme exigencia, nada de petición respetuosa.
Pero busquemos cómo contraargumenta el gobierno y sus terminales sincronizadas, pues que la derecha y la ultraderecha que expulsaron a sus antepasados ahora quieren robar el voto a los españoles.
Lo dijo Pedro el incendiario y mentiroso: «Ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles. Claro que sí».
De hecho, el Supremo afirma lo contrario pues a los que puedan demostrar que sus familias fueron víctimas del franquismo les da vía libre, y a los demás, pues no, que es lo que dice la ley.
Eso al margen de que muchos pensemos que el voto exterior es claramente injusto y no debería considerarse pues no debe de votar alguien en un país en el que no vive, que conoce o no, pero lo más importante es que no cotiza ni contribuye a sacarlo adelante mediante sus impuestos. No es justo que esas personas que ni viven ni trabajan en España decidan quién gobierna, cuánto se paga, qué leyes se imponen y qué rumbo tome la sociedad y cuyas consecuencias van a sufrir los que sí viven en España. No solo es injusto sino que es algo incluso obscena.
Es como si en este festival democrático vamos vas de vacaciones a un país lejano, entras a un restaurante, pides la carta, ‘metes la papeleta’, decides el menú y luego la cuenta se la pasan a otro. Así, podrás votar subidas de impuestos que no vas a pagar, políticas que no padecerás y gobiernos que no vas a sufrir y dejas a los nativos que apechugan con tu decisión.
Miremos a nuestro alrededor, por ejemplo Irlanda deja fuera directamente casi todos sus expatriados. Uruguay no tiene voto consular ni por correo, para ello si quieres votar, tomas un vuelo, vas y votas. Israel hace prácticamente lo mismo, excepto para los funcionarios y personal oficial con destino en el extranjero.
Por lo que se refiere a Dinamarca y Malta atan, muy lógicamente, el sufragio a la residencia y la fiscalidad, pues en Dinamarca por ejemplo no puede votar quien viva de recibir ayudas del gobierno. Es decir, en no pocos países han llegado a una conclusión bastante sencilla y elemental, es decir que si llevas años viviendo fuera, quizá no deberías decidir quién gobierna sobre los que están dentro y les priva lógicamente del voto.
Personas excelsas, formadas y cultivadas como el ingeniero inclusivo Pachi Nadie, el justificador, brama contra el Supremo: «Es que me parece un sinsentido como un tribunal, un Tribunal Supremo, ¡eh! puede mantener la nacionalidad de unos ciudadanos y ciudadanas y negarles lo más importante que es inherente a esa nacionalidad, que es el derecho al voto. Es un auténtico sin sentido y que no tiene explicación».
Nos dice esto en vez de explicar con claridad, algo que le sería imposible, por qué se aprobó esa interpretación, quién lo hizo, qué controles aplicó y cómo piensa dar seguridad jurídica a quienes tramitaron su nacionalidad siguiendo estrictamente sus instrucciones. No es suficiente con aparecer frívolamente envuelto en los derechos de los afectados y señalar al Supremo que no hace otra cosa que cumplir la ley.
Estamos ante un gobierno que aparenta estar preocupadísimo de los derechos de los ciudadanos mientras se comporta como un dictador con nuestros compatriotas de Ceuta, Melilla y Canarias a los que utiliza a su antojo y en su provecho exclusivo, elaborando documentos que además de vulnerar la ley se zambullen en el profundo barrizal de la indecencia.
