Fernando M. Gracia Climent 
«La quinta fase supondría convertir la presión recurrente en una cuestión de soberanía»
Hay una pregunta que España debería hacerse antes de que sea demasiado tarde. Si un Estado del siglo XXI quisiera erosionar progresivamente la soberanía de otro sobre una parte de su territorio, ¿necesitaría necesariamente tanques, aviones y una declaración formal de guerra? Probablemente no. Bastaría con combinar presión demográfica, movimientos humanos, redes sociales, inteligencia, propaganda, crisis diplomáticas, saturación de los servicios públicos y la explotación de las divisiones internas del adversario. Eso es precisamente lo que hace inquietante analizar los últimos acontecimientos de Ceuta no como un episodio aislado, sino dentro de una posible sucesión de fases.
Antes de continuar estableceré una diferencia fundamental entre hechos e hipótesis. No existe hasta ahora una prueba pública definitiva de que Mohamed VI o el Gobierno marroquí hayan aprobado un plan para ocupar Ceuta y Melilla. Marruecos niega cualquier implicación en los acontecimientos de julio y sostiene que no se han presentado pruebas concretas que permitan responsabilizar al Estado marroquí. El Gobierno español tampoco ha afirmado oficialmente que Rabat organizara la operación. Pero precisamente por eso resulta interesante hacer el ejercicio inverso. Tomemos exclusivamente acontecimientos conocidos y documentados y preguntémonos cómo encajarían dentro de una estrategia hipotética desarrollada en cinco fases. El resultado merece, como mínimo, atención.
Primera fase. Normalización de la presión fronteriza y ensayo de la herramienta migratoria.
Esta fase podría considerarse ampliamente rebasada. El antecedente fundamental se produjo en mayo de 2021. Miles de personas entraron entonces en Ceuta desde Marruecos durante una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat. La cuestión adquirió tal dimensión que el Parlamento Europeo aprobó el 10 de junio una resolución rechazando expresamente la utilización por Marruecos del control fronterizo, de la migración y particularmente de menores no acompañados como instrumento para ejercer presión política sobre España. No estamos, por tanto, ante una interpretación retrospectiva formulada cinco años después. La propia institución europea estableció entonces una relación entre la crisis diplomática y la utilización de la frontera. Aquello pudo demostrar varias cosas a cualquier estratega que observara los acontecimientos. La primera, que Ceuta puede ser sometida a una presión extraordinaria sin necesidad de movilizar una sola unidad militar. La segunda, que unos pocos kilómetros de frontera pueden convertirse inmediatamente en un problema nacional español y europeo. Y la tercera, quizás la más importante, que una crisis humanitaria introduce una extraordinaria dificultad política, jurídica y moral a la hora de responder.
Después llegaron nuevos episodios. En septiembre de 2024 se convocó a través de redes sociales otra entrada colectiva hacia Ceuta. Marruecos desplegó entonces un fuerte dispositivo policial, detuvo a decenas de personas acusadas de promover el intento y evitó finalmente el paso masivo. Reuters y EFE documentaron aquellos acontecimientos. Ese episodio tiene una lectura especialmente interesante. Demostró que cuando Marruecos despliega de forma intensa sus capacidades policiales puede impedir o reducir enormemente una concentración masiva junto a la frontera española. El 15 de septiembre de 2024, cientos de jóvenes acudieron tras llamamientos difundidos por internet, pero el despliegue marroquí evitó que el movimiento desembocara en una entrada generalizada. Por tanto, España conoce desde hace años tanto la vulnerabilidad potencial de Ceuta ante grandes concentraciones humanas como la enorme importancia que tiene la actitud adoptada por las autoridades marroquíes. Primera fase, ensayo, aprendizaje y demostración de capacidad. Rebasada.
Segunda fase. Organización digital, concentración y preparación de una movilización de enorme escala.
Esta fase también estaría ya consumada. Una de las grandes diferencias entre las guerras del siglo XX y las operaciones híbridas contemporáneas es que ya no hacen falta emisoras clandestinas, mensajeros o complejas organizaciones físicas para movilizar a miles de personas. Basta un teléfono. Los documentos desclasificados por el Gobierno español en septiembre de 2026 demuestran que el CNI detectó antes de los acontecimientos de julio llamamientos masivos en redes sociales. El 29 de julio, un día antes de la gran entrada, Inteligencia comunicó a Marruecos, a la Guardia Civil y a responsables españoles la existencia de convocatorias para intentar acceder a Ceuta por tierra y por mar. Algunos de los grupos monitorizados alcanzaban alrededor de 180.000 miembros. Reuters ha confirmado igualmente que la documentación desclasificada muestra que la situación llevaba escalando desde días antes y que los servicios españoles habían detectado los planes de movilización. Esto introduce una diferencia fundamental respecto a la imagen de una multitud que espontáneamente decide dirigirse hacia una frontera. Había convocatorias previas. Había canales de difusión. Había fechas. Había movimientos que podían ser observados. Y, sobre todo, Marruecos fue advertido.
El dato es extraordinariamente importante. Si los servicios españoles detectaron los llamamientos y comunicaron la información a sus homólogos marroquíes antes de producirse el acontecimiento, resulta legítimo preguntarse qué medidas se adoptaron posteriormente en el lado marroquí de la frontera y por qué fueron insuficientes para impedir lo que ocurrió. No demuestra por sí solo complicidad estatal. Pero elimina una explicación mucho más sencilla, la de que Marruecos fue completamente sorprendido por una concentración de la que nada sabía. Segunda fase, movilización, comunicación y concentración. Ejecutada.
Tercera fase. Saturación de la frontera, guiado de los flujos y colapso de la capacidad española Esta sería la fase decisiva y también estaría ya implementada.
Los días 30 y 31 de julio de 2026 se produjo un acontecimiento de una dimensión hasta entonces desconocida. Más de 70.000 personas intentaron acceder a Ceuta, según las cifras recogidas posteriormente por diversas fuentes y por la documentación desclasificada. Pero lo verdaderamente relevante no es solamente la cifra. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional describe lo sucedido como una entrada planificada, no espontánea. El documento habla de un proceso escalonado y sitúa entre los participantes o ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. Según ese análisis policial, primero avanzaron fundamentalmente varones jóvenes, entre ellos muchos menores, cuya masa consiguió saturar los mecanismos de contención. Posteriormente aparecieron grupos familiares, mujeres y niños, incrementando todavía más la dificultad material, jurídica y humanitaria de responder. Es prácticamente el manual perfecto de saturación de un sistema. Primero se fuerza su capacidad física. Después se dificulta cualquier respuesta coercitiva al introducir perfiles particularmente vulnerables cuya protección constituye una obligación del Estado español. Pero existe otro elemento todavía más grave. El informe policial habla de agentes marroquíes uniformados y de paisano cuya actuación sería compatible con labores de control, monitorización e incluso, según las fuentes jurídicas que han conocido el documento, con un “guiado activo” de los movimientos hacia determinados lugares de paso. RTVE ha informado de que el documento describe la participación de gendarmes marroquíes, algunos uniformados y otros vestidos de paisano, en el movimiento de las diferentes oleadas.
Conviene ser extraordinariamente preciso. Esto no permite afirmar que el Gobierno de Marruecos ordenara la operación ni que agentes de sus servicios secretos se infiltraran con una misión de conquista territorial. Tampoco existe, entre las fuentes de máxima solvencia que he podido contrastar, una confirmación suficiente para asegurar que soldados regulares marroquíes entraron camuflados entre los migrantes. Lo que sí existe es un informe policial entregado a una magistrada de la Audiencia Nacional que habla de fuerzas de seguridad marroquíes, agentes uniformados y personas de paisano relacionadas con el control de los movimientos.
La inteligencia militar española añadió otra pieza. Un informe del CIFAS elaborado durante los acontecimientos consideró muy probable que Marruecos no estuviera favoreciendo activamente la oleada, pero calificó la actuación de sus autoridades de negligente y pasiva y señaló que no podía descartarse cierto descontento político relacionado con acontecimientos recientes de la política exterior española. Es decir, los diferentes documentos no dicen exactamente lo mismo. Y esa diferencia importa. Uno habla de planificación, permisividad y guiado. Otro, elaborado en pleno desarrollo de los acontecimientos, habla fundamentalmente de pasividad y negligencia. Precisamente por eso la investigación judicial es esencial. Pero desde la perspectiva de nuestra hipótesis estratégica el resultado objetivo fue el mismo. La frontera española quedó desbordada. Tercera fase, saturación y penetración masiva. Finalizada.
Cuarta fase. Convertir la penetración fronteriza en una crisis permanente dentro de España.
Esta sería la fase en la que podríamos encontrarnos ahora. Una operación híbrida eficaz no termina cuando miles de personas atraviesan una frontera. En cierto sentido, empieza entonces. El objetivo estratégico no tendría por qué consistir en que esas personas permanecieran indefinidamente en Ceuta. Bastaría con que la irrupción masiva generara una sucesión de problemas políticos, administrativos, policiales, económicos y sociales capaces de prolongarse durante semanas o meses. Eso es justamente lo que ha ocurrido después de julio. Ceuta ha tenido que improvisar alojamientos extraordinarios, gestionar miles de personas y afrontar tensiones en diferentes zonas de la ciudad. El 13 de septiembre todavía se estaban trasladando centenares de migrantes desde asentamientos improvisados hasta nuevas instalaciones temporales.
La crisis ha entrado además de lleno en la política nacional. Gobierno y oposición se acusan mutuamente. Se discute quién conocía las alertas, cuándo llegaron, qué organismos fueron advertidos, qué responsabilidad tuvo Marruecos y por qué la respuesta española fue insuficiente. La Audiencia Nacional investiga los acontecimientos y los documentos del CNI, Policía, Guardia Civil e inteligencia militar han pasado a ocupar el centro del debate político. Es exactamente el tipo de efecto secundario que busca cualquier estrategia híbrida. Conseguir que el adversario emplee más energía enfrentándose consigo mismo que analizando el origen de la amenaza.
Incluso después de julio continuaron circulando nuevas convocatorias en redes sociales. EFE informó el 5 de agosto de mensajes que llamaban a otra movilización para el 15 de ese mes, difundidos mediante Facebook, Instagram y TikTok. Esta cuarta fase consistiría, por tanto, en mantener la incertidumbre. Nunca saber si habrá una nueva concentración. Obligar a España a mantener recursos extraordinarios. Mantener permanentemente la cuestión de Ceuta y Melilla en la agenda política y someter a prueba las relaciones entre Madrid y Rabat. Y existe otro efecto quizá todavía más importante. Demostrar que la estabilidad cotidiana de una ciudad española puede depender en buena medida de cuánto quiera colaborar el país situado al otro lado de la frontera. Ejecutándose en este momento.
Quinta fase. Convertir la presión recurrente en una cuestión de soberanía. Iniciándose solapada a la anterior como cuestión de consumo interno ante las elecciones en Marruecos. Aquí abandonamos los hechos consumados y entramos plenamente en la prospectiva.
Una eventual estrategia marroquí de largo recorrido no necesitaría culminar con una invasión militar convencional de Ceuta y Melilla. Sería incluso contraproducente. España pertenece a la Unión Europea y a la OTAN, dispone de unas Fuerzas Armadas considerablemente superiores a las necesarias para defender ambas ciudades y una agresión militar abierta transformaría inmediatamente un contencioso bilateral en una crisis internacional. Existe una vía, entre algunas, potencialmente mucho más sofisticada. Consistiría en hacer cada vez más costoso para España mantener la situación actual. Una crisis migratoria hoy. Una crisis comercial mañana. Una concentración fronteriza meses después. Una campaña internacional sobre la soberanía. Algún incidente diplomático. Presión sobre las aduanas. Cooperación policial que aumenta o disminuye dependiendo del momento político. Nuevas movilizaciones aparentemente espontáneas. Y siempre la posibilidad de devolver la tranquilidad cuando las relaciones mejoran. El mensaje estratégico terminaría siendo tremendamente sencillo. España conservaría la soberanía jurídica de Ceuta y Melilla, pero Marruecos intentaría demostrar que posee capacidad para condicionar su estabilidad práctica. Y cuando una situación semejante se prolonga durante años aparece inevitablemente la pregunta que interesaría al actor que ejerce la presión. ¿No sería mejor negociar?
Esta quinta fase no se ha producido y no existe prueba pública de que esté diseñada. Debe decirse con absoluta claridad. Pero constituye el escenario que España debería prevenir precisamente antes de que pudiera materializarse. De hecho, algunas de las cuestiones planteadas, y que formarían parte de la fase, ya se han dado de manera más o menos evidente.
La defensa de Ceuta y Melilla no empieza cuando aparece un soldado enemigo junto a la frontera. Perdón, debió empezar muchos años antes, fortaleciendo la inteligencia, la presencia del Estado, las infraestructuras, la economía, la cohesión social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la capacidad militar disuasoria y, sobre todo, dejando perfectamente claro que la cooperación con Marruecos es deseable y necesaria, pero que la soberanía española no constituye una variable negociable y que la buena vecindad se debe fomentar desde ambas partes en todo caso.
Los acontecimientos conocidos permiten, por tanto, dibujar una inquietante secuencia. En 2021 Europa ya denunció la instrumentalización de la migración como presión política. En 2024 Marruecos demostró que podía frenar una movilización masiva cuando desplegaba todos sus medios. En julio de 2026 el CNI detectó y comunicó convocatorias multitudinarias. Días después se produjo una movilización sin precedentes. El informe policial posterior habla de planificación, escalonamiento, agentes marroquíes y guiado activo. La inteligencia militar constató, como mínimo, pasividad y negligencia. Y semanas después Ceuta continúa soportando las consecuencias de lo ocurrido. Ninguno de esos elementos, considerado aisladamente, demuestra la existencia de un plan estatal marroquí para apoderarse de Ceuta y Melilla. Pero todos juntos justifican algo mucho más razonable que una acusación precipitada. Justifican investigar, anticiparse y pensar estratégicamente.
Porque quizá la pregunta correcta no sea si Marruecos está preparando una invasión convencional de Ceuta y Melilla. Quizá sea bastante más incómoda. Si alguien quisiera conseguir algún día que España acabara negociando aquello que hoy considera absolutamente innegociable, ¿no empezaría precisamente intentando demostrar que puede hacer cada vez más difícil, más cara y conflictiva nuestra permanencia allí sin necesidad de disparar un solo tiro?
