Javier Ygartua Ybarra 
«Las urnas repartirán las responsabilidades según las competencias reales y los resultados obtenidos. Esta vez, quizá, el relato no bastará»
La crisis de la vivienda ha dejado de ser un malestar difuso. Ha vuelto al centro de la protesta social y de la disputa política. La izquierda española intenta capitalizarla señalando a Isabel Díaz Ayuso y convirtiendo Madrid en el principal escenario de movilización. Sin embargo, el problema no se limita a la Comunidad de Madrid. Sus causas, decisiones y competencias están repartidas entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Además, sin pruebas, no cabe presentar las protestas como una operación política organizada.
La distribución de responsabilidades es clara. El Estado regula, financia y fija el marco general. Las comunidades gestionan buena parte de las ayudas y de la vivienda protegida. Los ayuntamientos planifican, conceden licencias y administran el suelo y la vivienda pública. Madrid puede y debe ser juzgada por el uso de sus competencias, pero el Gobierno central también tendrá que responder por sus decisiones y resultados. Las responsabilidades son compartidas, aunque no equivalentes. Los ciudadanos examinarán esa diferencia en las urnas.
Esa misma lógica se aplicará a otros asuntos decisivos, como la inmigración y la seguridad. El peso principal corresponde al Estado, aunque comunidades y ayuntamientos intervienen en la acogida, los servicios sociales, las emergencias y la seguridad local. En Ceuta, la gestión de la frontera y la cooperación con Marruecos dependen sobre todo del Gobierno central. Por eso, ningún Ejecutivo puede ser evaluado como si tuviera las mismas competencias que los demás. Tampoco puede atribuirse los aciertos o eludir los errores según le convenga.
Pedro Sánchez afronta así una etapa crítica. El desgaste de su Gobierno puede debilitar su estabilidad y convertir la próxima batalla electoral en un examen tanto para el Ejecutivo como para el conjunto de la izquierda. Vivienda, seguridad, inmigración y fronteras se entrelazan con debates más amplios sobre la libertad, la identidad nacional y los límites de la intervención ideológica. En Europa, cada vez más ciudadanos rechazan que una determinada visión política decida qué se puede pensar, defender o votar.
Las movilizaciones pueden llenar Sol y concentrar sus críticas en Ayuso. Pero las urnas repartirán las responsabilidades según las competencias reales y los resultados obtenidos. Esta vez, quizá, el relato no bastará.
