Y para las pensiones, los pensionistas y la libertad individual ¿Qué pide presidente Sánchez? Por Anna Castells

De las pensiones, los pensionistas y la libertad individual
De las pensiones, los pensionistas y la libertad individual

«Por si estos preclaros dirigentes no se han dado cuenta, los pensionistas son la clase más indefensa de la sociedad, más vulnerable por utilizar un término muy al día»

Sánchez está recorriendo Europa, algunos países de la Unión Europea en realidad, intentando que estos le “regalen” una gran parte de los impuestos de sus ciudadanos para poder paliar los pésimos efectos de la crisis sanitaria y económica y poder continuar con su política de dádivas generalizadas.

Algunos países, esos que llaman “frugales” -adjetivo que ya implica que el resto son, somos, despilfarradores- están dispuestos a echar una mano siempre y cuando ese dinero que sus ciudadanos han generado con su trabajo y sus impuestos, sea devuelto en unos plazos razonables y siempre y cuando los países que lo reciban, España el primero, se comprometan a adoptar medidas que restrinjan su excesiva dispendiosidad en políticas de nula promoción económica y fomento de la dependencia institucional.

Y como cada vez que se produce una crisis económica la primera palabra que aparece después de “recortes”, o su sinónimo” reformas”, es… ¡Pensiones!

Por si estos preclaros dirigentes no se han dado cuenta, los pensionistas son la clase más indefensa de la sociedad, más vulnerable por utilizar un término muy al día, y sin embargo los primeros a los que se acusa de los males presupuestarios del país y los primeros a los que se pretende reducir a la precariedad.

Quiero hacer algunas observaciones por si algún político tiene a bien interesarse por este numeroso grupo de personas que, de momento, todavía conservamos nuestro derecho al voto.

Los pensionistas hemos contribuido, obligadamente, al sostenimiento del sistema y al bienestar de nuestros antecesores con la razonable expectativa de que seremos atendidos a su vez cuando acabemos nuestra vida laboral –con frecuencia también obligadamente-.

Con nuestras aportaciones se ha alimentado un sistema que, no solo ha permitido a quienes nos han precedido recibir esa compensación al finalizar su periodo laboral, sino que ha servido también para que otros, que no habían aportado nada al mantenimiento de ese sistema, hayan recibido graciosamente una parte de esas contribuciones.

A causa de la cortedad de miras de nuestra política (siempre dispuesta a decidir cómo y con cuanto debe vivir el españolito y a sospechar del que pretende mejorar sus posibilidades…) los jubilados, con privilegiadas excepciones, tenemos prohibido, ¡Prohibido! tener una actividad remunerada tras entrar en ese estado de semi inutilidad oficial que es la jubilación. ¿Imaginan una familia necesitada de ingresos que impidiese a uno o varios de sus miembros trabajar y continuar aportando ingresos al presupuesto común? Nadie cree que pueda darse semejante irracionalidad (léase, estupidez) y, sin embargo, así es como actúa nuestro gobierno impidiendo a una enorme parte de la población continuar aportando, no solo sus conocimientos y experiencia, sino además sus impuestos tan necesarios.

Impedir ejercer una actividad remunerada compatible con el cobro de una pensión de jubilación no es la norma en todos los países democráticos. Con diferentes fórmulas, se permite compatibilizar unos ingresos profesionales con la percepción de la jubilación, porque se considera, con toda razón, que ese es un derecho adquirido y por el que ¡ya se ha pagado con anterioridad! Y digo la percepción de la pensión de jubilación, no una parte o un tanto por ciento porque, repito, ese es un derecho ya adquirido.

Así que, por un lado, el Estado debe endeudarse para continuar pagando no solo a esos pensionistas sino a todos aquellos que ni han contribuido ni, posiblemente, lo harán jamás porque se han acomodado a vivir con esa “solidaridad” institucional; por otro lado, se priva a si mismo de unos ingresos y de la aportación económica y social de la parte más experimentada de la sociedad y, finalmente, impide a esos innecesarios e involuntarios dependientes ejercer un derecho constitucional como es el derecho al trabajo.

Por supuesto, ni todos los trabajos son aptos ni todas las personas están deseosas de continuar su vida laboral pero esto debería ser una opción personal y no una decisión que el Estado tome sobre nuestras vidas. Deberían reconocernos nuestro derecho a decidir sobre cómo queremos vivir esos años de nuestra vida… ¡Se llama Libertad individual!

Anna Castells

Anna Castells

Soy Licenciada en Derecho y periodista de profesión. He sido Jefe de Prensa del Ministerio de Cultura y del Tribunal Constitucional. Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la compañía RENFE. Editora y Presentadora de diversos informativos de TVE y corresponsal de RNE en Francia. Profesora en diversos Masters de Liderazgo y Comunicación.

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