Del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Por María del Mar Codeseira

Del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Ilustración de UN ABOGADO CONTRA LA DEMAGOGIA @aitor13023985
Del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. Ilustración de UN ABOGADO CONTRA LA DEMAGOGIA
@aitor13023985

«Espero que la Ley de Seguridad Nacional no llegue a ningún puerto y nuestro barco siga flotando aunque sea en aguas tormentosas»

El Consejo de Ministros de la mascarilla ya se ha desenmascarado del todo y para lo cual no hacía falta una maldita pandemia. Ojala fuera algo tan liviano como una mascarilla lo caído, es más bien un barco entero, el del Estado constitucional español que va tambaleándose y dejando a la deriva cada vez más la libertad individual, la propiedad privada y lo que es peor, la desoladora sensación de que el estado ha capitulado ante la obligación de asegurar una protección no ya de las instituciones, que ya tienen bastante con protegerse solas, sino del propio individuo. Estamos asistiendo al acoso y derribo más descarado. Un tenebroso suma y sigue horadando el fondo de nuestro sistema legal y, mientras nuestro Tribunal Constitucional pueda parar los pies a tanto desatino, ellos lo destrozan. A ver cómo y quién viene después a arreglar esto.

Y de esto se trata, de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, Ley que desde el año que nació dejó pendiente en su Disposición Adicional Segunda un “proyecto de ley regulador de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional”

Acorde con el artículo 30 de la Constitución, este precepto, resumidamente establece que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, amén de que se fijen las obligaciones militares, servicios civiles y deberes en casos de grave riesgo catástrofe o calamidad pública. No ha podido venirles mejor el momento. Una población sensibilizada, atemorizada conmocionada por la pandemia COVID-19, y más si son sus votantes, van a entender perfectamente que una ley obligue a los mayores de edad a realizar las prestaciones personales que les sean impuestas en caso de declararse estado de crisis en nuestro país, sin compensación alguna.

Pueden también requisarse bienes, intervenirse, ocuparse temporalmente o suspenderse actividades. Este deber atañe tanto a particulares como empresas, grandes o pequeñas, da igual; y pueden ser indemnizadas, a saber de qué manera.

Por desgracia hemos conocido el estado de alarma que con el de excepción son declarados por el Gobierno. El de sitio por la mayoría absoluta del Congreso. Nada se dice cómo se declara el de grave riesgo, catástrofe o calamidad. Si el Gobierno ha podido mantener un estado de alarma durante más de 1 año, podemos entender que riesgo catástrofe o calamidad pueden ser de todo pelaje: Temporal, parcial, económico, sanitario, financiero, ecológico, agrícola, territorial, cultural, afectar a unos ciudadanos, sus industrias y no a otros, hacer trato de favor a unas Comunidades Autónomas frente a otras y …ya sabemos a cuáles.

Si nos vamos a la web de la Moncloa, ésta se pronuncia sobre la necesidad de regular la producción industrial en función de las necesidades dictadas por la situación de crisis y prever que un Consejo de Seguridad Nacional pueda adoptar medidas para que los planes de preparación y disposición de recursos puedan ejecutarse lo más rápidamente posible una vez se efectúe esa declaración.

Yo ya no conozco este Estado constitucional de tinte confiscatorio, no creo para nada que los padres de la constitución pensaran en un Órgano centralizado especializado en amenazar y llegar a expropiar a los ciudadanos su trabajo, industria y quizá vivienda donde ejerzan ambas cosas (teletrabajo). No somos nosotros los expertos en seguridad nacional. Creo que merecemos en el siglo XXI un Estado garante, con buenos lazos transnacionales, solvente, con profesionales formados, bien pagados para que la intervención si fuera precisa, fuera mínima. Entonces sí podríamos pensar que el Estado cumple con su papel de Seguridad Nacional. Lo demás son pamplinas de los que hacen la Ley sabiendo que sus bienes y sueldos están más que a salvo. Esta vez espero que la Ley no llegue a ningún puerto y nuestro barco siga flotando aunque sea en aguas tormentosas. Siempre puede llegar la calma.

Maria del Mar Codeseira Campazas

Maria del Mar Codeseira Campazas

Máster en Dirección de Personal y Desarrollo de Equipos por la Universidad de Valladolid y Master en Derecho de Empresa en Confederación Española de Asociaciones Empresariales por la Escuela de Práctica Jurídica UNED, he realizado además diversos cursos de especialización en materias jurídicas en instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid o Consejo General de la Abogacía. Me inicié profesionalmente en el Servicio de Orientación Jurídica para el Colegio de Abogados de Madrid, prestando servicios en Juzgados de Plaza de Castilla y Juntas Municipales de distrito. He participado además en la redacción de artículos legales para la revista jurídica Usus Iuris y premios Secciones del Colegio de Abogados de Madrid y ejerzo de Abogada desde 1993, principalmente en materia civil y socio-laboral para autónomos y pymes. Adscrita a Turno de Oficio social, civil y penal.

Deja un comentario