José Crespo 
«La principal diferencia entre los dos tipos penales de sedición y rebelión es que la rebelión ataca directamente el orden constitucional»
Los rebeldes y las togas cobardes y putrefactas rebajaron la graduación del delito de rebelión a sedición y ahora el psicópata cuya única ley a respetar es la «ley del olivo«… ¡Permanecer!, está dispuesto a dejar en una regañina el castigo para los que quieren volver a lo mismo, aquellos condenados en firme como sediciosos, y no lo olvidemos como ladrones.
Que Puigdemont encabezó una rebelión es algo que no ofrece duda, solo basta con repasar ambos conceptos, a pesar de que se rebajará el delito por considerar que no fue rebelión porque la declaración de independencia era solo «una ensoñación«.
La principal diferencia entre los dos tipos penales de sedición y rebelión es que el primero, la sedición, es un delito que es considerado solo como un atentado contra el orden público, mientras que el segundo, la rebelión, ataca directamente el orden constitucional que es lo que ejecutó el separatismo catalán frente a la pasividad de los responsables de la defensa del orden constitucional, es decir todos y cada uno de los miembros del arco parlamentario, el gobierno de aquel momento y el presidente Rajoy.
Puigdemont declaró la república catalana y previamente, ante la pasividad del gobierno, se publicaron las leyes de desconexión… ¿esto no es rebelión? ¿Por qué no se actuó previamente contra los responsables de ese proyecto de desconexión?
La rebelión, incluida en el título de los delitos contra la Constitución del Código Penal (artículo 472 y siguientes), castiga a quienes se alzaren violenta y públicamente para, como sostenía la Fiscalía, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La clave para acusar y condenar por este delito estaba en el empleo de medios violentos ¿no hubo violencia, no buscaban la violencia?
Gracias a la templanza de las fuerzas de orden público la situación no terminó en un baño de sangre. Los comentaristas y voceros del dottore cum fraude nos hablan de rebajar la pena para acondicionar la legislación a los países de nuestro entorno… «tenemos un Código Penal que en algunos de los delitos no es homologable” en palabras de Sánchez.
Bélgica, el falso aliado europeo que hasta ahora se ha negado a la entrega de Puigdemont por este delito, Francia, Italia, Alemania y Portugal contemplan penas mucho más elevadas que las reflejadas en las leyes españolas para los enemigos del Estado condenados por alta traición. En Alemania se condenan con penas que varían entre un mínimo de 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua. Portugal establece condenas de entre 10 y 20 años de cárcel. Francia establece la cadena perpetua para quienes inciten y lideren cualquier tipo de ataque contra los intereses fundamentales de la nación, entre ellos, el atentado a la integridad territorial del Estado. En Italia se establece un mínimo de doce años de cárcel en los ataques violentos dirigidos contra la integridad, la independencia o la unidad del país.
Pero España tiene un punto de diferencia con estos países con los que sí debemos equiparanos. En ningún país europeo, y en ninguno del mundo, están permitidos partidos que tengan como objetivo la secesión de una parte del territorio. España es el único país que los alimenta con dinero público. Cada uno puede pensar lo que quiera pero en este caso se lo deben pagar ellos y en ningún caso el separatismo puede tener derecho alguno a ocupar escaños parlamentarios. La secesión es en sí una propuesta violenta desde su mismo planeamiento por lo que no es que haya que rebajar las penas, hay que endurecerlas y considerar a las organizaciones secesionistas como violentas e ilegales. Recordemos lo que dijo Otegui, el marxista leninista, «Para que haya una España roja, primero tiene que estar rota«, y eso es lo que quieren unos y admiten otros, sus cómplices del consejo de ministros.
