Julio Moreno Lopez 
“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes”. (Maximilien Robespierre).
Cuando, el veintiocho de julio de 1794, Robespierre rindió, por fin, cuentas al pueblo, se cerró un círculo que había comenzado cinco años atrás, cuando fue elegido quinto diputado del Tercer Estado en las elecciones a los Estados Generales.
Maximilien Robespierre, destacado jurista, se había convertido en una de las figuras más relevantes en la política de la época gracias, entre otras cosas, a su capacidad de oratoria y, sobre todo, por su demostrado valor al permanecer en París tras los acontecimientos desatados por la fuga del rey y su detención en Varennes, por contraposición a otros líderes como Marat o Danton, que huyeron o pasaron a la clandestinidad.
Destacado opositor a la pena de muerte y la esclavitud y ferviente defensor del derecho de voto para las personas de color y los judíos, llegó a presidir la llamada Convención Nacional, instaurando el periodo denominado como “el terror”, en el que, bajo pretexto de defender la república de sus enemigos, se ejecutó a miles de personas en la guillotina, la mayoría de ellos obreros y campesinos, en lo que se ha llegado a denominar el primer genocidio de la era moderna, en una cifra que se estima entre 35.000 y 40.000 ejecutados por decapitación.
De este modo, cuando la cabeza de Maximilen Robespierre acabó cayendo en un cesto de enea en la hoy llamada Plaza de la Concordia de París, se cerró, como ya he dicho, un círculo que no tenía otra salida que volver al punto de partida.
Sin duda, Robespierre es un ejemplo, válido y valioso, de lo que puede ocurrir cuando un supuesto fin mayor acaba encontrándose frontalmente en contra de los fines menores que pretendía defender. Cuando la República está por encima de los que la componen, es decir, el pueblo, el absolutismo de aquellos empeñados en perpetuarla desbarata todos los principios para los que fue creada.
Cuando Pedro Sánchez accedió al poder, en junio de 2018, tras la moción de censura promovida contra Mariano Rajoy, lo hizo bajo unas premisas. La primera, que supuestamente había desencadenado la moción de censura, era luchar contra la corrupción que, según su ideario, estaba invadiendo al gobierno del Partido Popular. La segunda, convocar Elecciones Generales para que fuera el pueblo soberano el que apoyara y respaldara su posición como Presidente de España.
No obstante, una vez que fue nombrado presidente, y sin dar explicaciones, manifestó su voluntad de agotar la legislatura y no convocar elecciones hasta junio de 2020. Esto desencadenó el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 por parte, entre otros, de algunos de los partidos que habían apoyado la moción de censura.
Mal empezaba nuestro presidente, pero los españoles decidieron darle un voto de confianza en noviembre de 2019, ya que, a pesar de haber mentido en la base primigenia de la moción de censura, sin embargo había cumplido su promesa de sacar los restos del General Franco del Valle de los Caídos, ahora denominado Cuelgamuros, lo cual, sin lugar a dudas, mejoró notablemente la vida de la mayoría de españoles, a los que sin embargo no les importaba que las arcas de las Comunidades Autónomas, por ejemplo, estuvieran bajo mínimos por la no renovación de los presupuestos. ¿Qué importancia puede tener que aquellos que competen a la Sanidad, la Educación o los servicios públicos tengan que hacer malabares para mantenerlos, ante la magnitud del traslado de los restos de Generalísimo?
Tan alto logro tenía que ser gratificado, así que los españoles de bien, los que promulgan la democracia por encima de los derechos democráticos, volvieron a votar en masa a Pedro, en 2023. Hay que recordar que, entonces, el ganador de las elecciones fue el Partido Popular, a pesar de llevar como cabeza de cartel a Alberto Núñez Feijóo, un pollo cocido y sin sal que, por otro lado, hubiera resultado incomestible, aunque sin el toque amargo de la cicuta que, a posteriori, nos tuvimos que tragar.
Pedro logró, no obstante, mantenerse en la Moncloa. Para ello, solo tuvo que subvertir la democracia cerrando pactos de investidura con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria y negociar la amnistía, que finalmente llevó a cabo, con los líderes del intento de secesión en Cataluña.
Sin duda, una lección de democracia que, nuevamente, dejaba a las claras que gobernar España es un fin tan grandioso que está por encima de los españoles y de la propia España, y que si, para ello, hay que regalar privilegios no solo a los que quieren destruirla con la política, sino también a los que descerrajaban sus pistolas en las cabezas de los inocentes, entre ellos muchos militantes del PSOE, pues se hace y punto. Poco importa que, en campaña electoral se haya llevado por bandera que no se pactaría con Bildu, que no se concederían indultos y mucho menos la amnistía. Por eso, sus votantes no penalizaron, tampoco en esta ocasión, a Pedro y su camarilla.
«Los miembros de este gobierno han tenido la sensación de que no solo están por encima de España y los españoles, sino que están por encima del bien y del mal»
Evidentemente, ante la evidencia, valga la redundancia, de la impunidad, los miembros de este gobierno han tenido la sensación de que no solo están por encima de España y los españoles, sino que, en una revelación de lucidez, están por encima del bien y del mal. Solo así se explica que quien fuera el segundo de a bordo, figura intocable y no precisamente de Eliot Ness, se haya permitido no solo interactuar en los asuntos más turbios de las cloacas de Moncloa, supuestamente, presuntamente si quieren, con el apoyo del número Uno, sino que, además, ha llevado la prostitución, las orgías y, presuntamente de nuevo, las sustancias ilegales hasta el mismo corazón del gobierno.
Solo así puede entenderse que un presidente del gobierno de España tenga involucrados en procesos judiciales a su mujer, a su hermano, a su mano derecha, y a destacados dirigentes de su partido que no voy a nombrar aquí, no sea que la democracia sea un concepto ambiguo y la libertad de expresión y de información se encuentren por debajo de otros fines más excelsos.
Por si esto fuera poco, ahora nos enteramos de que se ha pretendido acallar a uno de los pocos baluartes que aún nos quedan, no para cerrarles el chiringuito, pero si al menos para hacerles más incómoda la tarea, la UCO, haciendo, eso sí, que parezca un accidente.
Y todo ello con la connivencia de una oposición inoperante, no vaya a ser que, por uno de esos giros del destino, mañana gobiernen ellos.
Créanme. Desde el punto de vista de alguien, como yo, que está convencido de que la democracia en España ya murió, aunque la aten al caballo como al Cid Campeador, la observación es apasionante.
Y la pregunta es: si Robespierre acabó donde acabó, ¿Dónde acabará Pedro Sánchez?
La respuesta, en el próximo capítulo.
“¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia y la justicia del pueblo, barbarie o rebelión?” (Maximilien Robespierre).
