Javier Ygartua Ybarra 
«Poner a los españoles primero no es extremismo. Es, sencillamente, cumplir con el deber más básico de cualquier gobierno digno de ese nombre»
Durante demasiado tiempo, en España se ha instalado una corrección política que impide decir una verdad elemental: un Estado tiene la obligación moral y política de proteger primero a sus propios ciudadanos.
No se trata de xenofobia, ni de insolidaridad, ni de levantar muros absurdos. Se trata de sentido común. Se trata de justicia. Se trata de preguntarse cómo es posible que en una nación desarrollada siga habiendo miles de españoles que no llegan a fin de mes, pensionistas que deben elegir entre encender la calefacción o llenar la nevera, jóvenes incapaces de emanciparse y familias enteras atrapadas en la precariedad mientras desde las instituciones se reparten recursos sin un criterio claro de prioridad nacional.
La llamada “prioridad nacional”, defendida por Vox, parte de una premisa tan simple como irrefutable: cuando los recursos son limitados, el Estado debe atender primero a quienes sostienen ese mismo Estado con su esfuerzo, sus impuestos y su pertenencia cívica.
¿De verdad es radical exigir que una viuda española con una pensión mínima tenga preferencia frente a cualquier otro solicitante de ayudas? ¿Es extremista defender que un joven español en paro tenga prioridad en determinadas políticas de empleo? Lo verdaderamente escandaloso no es plantear estas preguntas, sino que durante años se haya intentado silenciarlas.
La política ha preferido refugiarse en consignas vacías antes que afrontar una realidad incómoda: España tiene españoles abandonados. Barrios enteros donde el desempleo se cronifica. Familias que dependen de ayudas insuficientes. Ancianos que, tras toda una vida de trabajo, sobreviven con pensiones indignas.
Y mientras tanto, cualquier intento de poner a estos ciudadanos en el centro del debate es inmediatamente etiquetado como intolerancia.
La solidaridad empieza por casa. Es un principio básico de cualquier comunidad política seria. Nadie cuestiona que una familia atienda primero a sus propios miembros cuando atraviesa dificultades. Un país debe actuar del mismo modo.
Esto no implica negar derechos fundamentales ni deshumanizar a nadie. Implica ordenar prioridades con racionalidad y responsabilidad. Porque un Estado que no protege primero a los suyos acaba traicionando su razón de ser.
España necesita recuperar una idea que nunca debió resultar polémica: gobernar significa elegir, priorizar y defender a quienes forman parte de la nación.
Poner a los españoles primero no es extremismo. Es, sencillamente, cumplir con el deber más básico de cualquier gobierno digno de ese nombre.
