José Crespo 
«Las cesiones a los gobiernos separatistas llevan al desequilibrio y ruptura de la igualdad ya no entre regiones sino entre la totalidad de los ciudadanos españoles»
Cuando en 1944 John Von Neumann y Oskar Morgenstern diseñaron su Teoría de Juegos Matemáticos, introdujeron el concepto de Suma Cero que, sin duda, consiguió explicar muy bien aquellas interacciones en las que el beneficio o ganancias de una de las partes es igual a la pérdida que sufre la parte contraria, lo que por lógica hace que la suma del beneficio y la pérdida producidas sea cero. Este principio podemos aplicarlo a la política regional española que se lleva a cabo desde el gobierno central del que de forma evidente y dolorosa concluimos que la consecuencia de todas las cesiones a los gobiernos separatistas llevan al desequilibrio y ruptura de la igualdad ya no entre regiones sino entre la totalidad de los ciudadanos españoles.
Llevo tiempo escribiendo y reiterando, una y otra vez y cuantas sean necesarias, el hecho de remarcar la importancia de Cataluña como elemento partícipe voluntario y decidido en la construcción de España en contra de lo que los separatistas difunden con la invención de un país que nunca existió, una película que le han comprado políticos ignorantes de todo el arco parlamentario y que al final se reduce a la trampa de sacar dinero una y otra vez a costa del resto de los españoles ignorando u olvidando la historia real.
Una historia que reescriben mediante el control de la Enseñanza, materia estratégica que no debió de ser descentralizada y que se emplea como arma de enfrentamiento entre regiones españolas, estableciendo paralelismos imposibles con otras regiones europeas, buscando un federalismo imposible que realmente significa la ruptura de la igualdad entre los españoles.
Es lamentable ver cómo no se hace nada contra el adoctrinamiento infantil que se viene perpetrando durante décadas y siempre evitando pronunciar la palabra España.
Con todo esto parece que no se dan cuenta nuestros mandatarios, capaces de cualquier cosa para mantener su poltrona, que no existe el gratis total y que cuando se suma en un sitio se está quitando en otro.
Se nos presenta una y otra vez una Cataluña milenaria antes en silencio de nuestras autoridades culturales y educativas, actualmente en manos de los separatistas, sin olvidar que tras Cataluña se preparan nuevas cesiones como la entrega de Navarra al separatismo vasco.
En definitiva nos enfrentamos a un auténtico cáncer alimentado por el utilitarismo político a corto plazo, un utilitarismo que desprecia y manipula la historia de otras regiones españolas, y que fue detectado por nuestros vecinos franceses hace muchísimo tiempo, concretamente por Sthendal.
En esa dinámica se nos pretender adoctrinar al resto de españoles desde altavoces oficiales explicándonos desde Esquerra Republicana, en palabras de la diputada Raquel Sans, los mismos que asesinaron sacerdotes a trote y moche, por ejemplo de Luis Companys que «fue el primer presidente del parlamento de Cataluña, único líder elegido democráticamente de toda Europa y asesinado por el fascismo».
Con toda la cara pretenden que no ocurrió el hecho de que Companys fue un auténtico asesino y genocida, pues cargó a sus espaldas 8352 asesinatos durante su periodo de gobierno desde la cabeza de la Generalidad republicana catalana en el período 1936-1939, además de ser el responsable del saqueo y quema de templos religiosos, un total de 500 iglesias ardieron en Barcelona incluyendo la Sagrada Familia.
El genocidio se vio añadido con la creación de ocho campos de concentración y de tortura en Cataluña.
Los separatistas acusan una y otra vez al resto de españoles y al gobierno de España de no ser demócratas por no permitir un referéndum de autodeterminación. Se apropian de la democracia y lo repiten dentro y fuera de España una y otra vez sin que se les replique de forma tajante desde todos los campos, desde la teoría política, ni desde el Derecho comparado ni desde el campo histórico. Nos limitamos fríamente a esgrimir un articulado constitucional pertinente esgrimiendo exclusivamente que no se encuentra reflejado en el texto constitucional.
¿Y por qué no está reflejado ese derecho en la Constitución española? Claramente existen elevados fundamentos que lo justifican, y según la ONU ese derecho es aplicable a pueblos que han sido sometidos o invadidos por otros que no lindan geográficamente, aspectos que no cumple Cataluña ni el resto de las regiones alimentadas por el pesebre separatista.
A esto la ONU añade dos puntos más que no se cumplen para ese separatismo alimentado y pagado desde el gobierno de España, el primero es que esas regiones carezcan de autogobierno, punto que no se cumple pues España es el país más descentralizado de la Unión Europea después de Alemania según el informe según el Índice de Autoridad Regional (RAI) de la Universidad de Oxford. Este índice mide el grado de descentralización política y administrativa de diferentes países. Alemania ocupa el primer lugar en el RAI, seguida por España, lo que indica un alto nivel de descentralización en ambos países.
El último punto que se exige acreditar desde la ONU es que el territorio pueda acreditar un pasado independiente, que ellos inventan fruto de su ensoñación. Teniendo en cuente que ninguno de estos puntos que la ONU recoge lo cumple Cataluña, ni Vascongadas, ni el resto de regiones españolas con movimiento separatista, cabe admirarse de la capacidad separatista para adueñarse del relato directamente proporcional a la indolencia política española para rebatirles pues sus argumentos tienen una inconsistencia que no aguanta ni un solo asalto dialéctico cuando se comparan con Dinamarca, Quebec, Escocia o las naciones bálticas y además con el apoyo del propio gobierno de España.
Las regiones no tienen derechos históricos, los derechos son de los ciudadanos que deben de gozar de igualdad en todo el territorio español, lo cual sin que sea óbice de que se fomenten las lenguas regionales, con cargo a los presupuestos locales, ello no puede ser disculpa para ningunear la lengua común. El ejemplo más evidente lo encontramos en nuestra vecina Francia, nada sospechosa ni carente de valores democráticos, donde la única lengua oficial para relacionarse con la administración en todo el territorio francés es lógicamente la lengua francesa sin que pueda emplearse y menos favorecerse el uso de ninguna otra en esas las relaciones ya sea en la educación como en oposiciones a cargos públicos o en el propio parlamento.
