Antonio de la Torre 
«De momento quince condenados en total, y suma y sigue de esos, cerca ya, ciento cuarenta imputados que rodean al Number One»
La semana que terminó tuvo varios aniversarios importantes. Por un lado, el 14 de julio se rememoraba el ducentésimo trigésimo séptimo de la toma de La Bastilla –237º para víctimas de la LOGSE y buena parte de políticos en ejercicio, valga la redundancia (no hablaré del nivel de ortografía de los opositores a profesores de Primaria y Secundaria, que daría para mucho)–. Significaba el comienzo de la Revolución francesa, que nuestro presimiente celebró en París y aprovechó la visita para disculparse por la polvareda que ellos mismos y sus medios afines levantaron a raíz del desafortunado artículo de Mariano Rajoy en El Debate sobre la selección francesa sin franceses: “Lo siento mucho por las palabras de nuestro expresidente. Estoy muy avergonzado”. Pero nuestra selección de fútbol se encargó de aguarle el aniversario a buena parte del país vecino por su apabullante victoria ante la Francia de Mbappé, que debió acabar la semifinal cantando el conocido ¡Pobre de mí!, que también se ha escuchado otra vez, esta semana, en Pamplona. La verdad es que hemos visto un flojo mundial, que parece manipulado hacia la final deseada por la FIFA, ese España-Argentina que su presidente Gianni Infantino había preparado como final oficiosa en Qatar y que la guerra de Irán impidió celebrar hace apenas cuatro meses. Una final que me parece que no salió como el citado Infantino hubiera querido y que acabó con la segunda estrella para España, de lo que me alegro por partida doble.
Por otro lado, el 18 de julio (aunque realmente se inició el 17), algunos rememorábamos el nonagésimo aniversario –90º para los mismos– del inicio del Alzamiento Nacional, que recordaba hace un año en este artículo que no he repetido este año, pero recuerdo aquí, porque sigue vigente. Y aprovecho la ocasión para recomendar el libro “El milagro español. España 1939-1975”, en el que treinta españoles osados, por iniciativa de cuatro más osados aún –algunos nos llamarán fachas nostálgicos–, nos atrevimos a contar nuestro conocimiento de las distintas áreas de aquel periodo que llevó a España de la gran destrucción tras una “necesaria y terrible guerra” (civil) –frase entrecomillada que tomo prestada de uno de esos cuatro más osados autores–, a octava potencia industrial del mundo. Un período que, en buena parte, vivimos muchos de nosotros o estudiaron sin complejo los más jóvenes ponentes y que ahora se quiere ocultar o se tergiversa desde esa aberrante ley de Memoria Histórica zapaterina que Mariano Rajoy no se atrevió a derogar, retorcida por la de Memoria Democrática sanchista, leyes, las dos, que no responden ni a un término ni al otro. Se puede encontrar en Amazon y lo recomiendo para los que quieren saber más de ese tan forzadamente ignoto como productivo período.
Y también esta semana se cumplían veintinueve años del asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA, cuyo brazo político –es un decir– BILDU es uno de los principales soportes del actual desgobierno Frankenstein. Una banda terrorista que, casi dos décadas después de haber “desaparecido”, sigue sin pedir perdón por sus crímenes y sin colaborar en el esclarecimiento de los casi cuatrocientos atentados que siguen pendientes de esclarecer.
No podían faltar algunas primeras veces más en este récord de ignominia que acompaña al doctor Plagio cum Fraude que sigue okupando, con “K”, el palacio de la Moncloa, no sé si en compañía estos días de uno de los protagonistas de otra “primera vez”, David “Azagra” Sánchez Pérez-Castejon “von Karajote”, el primer hermano de un primer ministro de un país democrático –parece que es otro decir– condenado por un delito de prevaricación por la Audiencia Provincial de Badajoz, en una sentencia unánime de los tres magistrados que componían el tribunal, confirmando a la juez Beatriz Biedma, perseguida por las cloacas sanchistas. Una sentencia que la sincronizada Moncloa-Ferraz no ha tardado en “acatar” a su particular manera, achacando todo a la estrategia de la malvada ultraderecha contra el gobierno progresista. Así, la portavoz Elma Saiz, que está haciendo menos penosa a la anterior Pilar Alegría, se despachaba así: «Esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar».
Por su parte, desde el centro de organización de las cloacas, la tercera secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, sucesora de un condenado y un imputado, seguía la consigna: «Cuando esta estrategia se impone, cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno, pierde la democracia. Perdemos todos». Y completaba cartel el adalid de todas las causas perdidas y defensor confeso de toda la familia sanchista ¡Yo, con Begoña!, el “geniero” que no pasó de primero Pachi “Nadie” López: «Me parece una auténtica barbaridad. Ya basta. No nos van a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez».
Ni un solo argumento jurídico para desmontar lo que acredita la sentencia, que se creó una plaza pública que no era urgente, no tenía contenido real ni respondía al interés general, que fue transformada después para acomodarla a las preferencias del beneficiario, según se recoge en la sentencia «para adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez», que añade que “desatendió sus obligaciones y compromisos acudiendo apenas a su puesto de trabajo”. La plaza pasó de ser para coordinar los conservatorios de Badajoz a dirigir la Oficina de Artes Escénicas, mejor retribuida, y que el propio condenado en su declaración en primera instancia no supo situar ni explicar en qué consistía. Y por eso de si no quieres caldo, dos tazas, la Diputación de Badajoz creó también con urgencia otra plaza para el amigo de David Sánchez y asesor en Moncloa, Luis María Carrero. Al final, la Audiencia Provincial de Badajoz condena al hermanísimo a nueve años de inhabilitación.
La pregunta es ¿inhabilitación para qué?, porque el hermanísimo no ha demostrado precisamente estar muy habilitado para nada. Y junto a él, condena con 18 años de inhabilitación a su mentor Miguel Ángel Gallardo, durante los hechos presidente de la Diputación y secretario general socialista de Extremadura, que se ganó el mote de Speedy aforator por su salto sin pértiga sobre cinco candidatos que le precedían en la lista para la asamblea extremeña en busca del ansiado escaño y el correspondiente aforamiento, con una velocidad que ríase usted de la del Galgo de Paiporta huyendo del palo volante de una escoba.
Así que tres de tres, tres juicios, tres condenas, el fiscal general, Álvaro García Ortiz; José Luis Ábalos y Koldo García y ahora su hermanísimo David, su mentor y diez funcionarios más, quince condenados en total, y suma y sigue de esos, cerca ya, ciento cuarenta imputados que rodean al Number One que parece que va a ser llamado pronto a declarar.
Mientras, el asunto de las cloacas del PSOE sigue su espiral imparable. Un nuevo informe de la UCO dice que el partido pagó más de 43.000 € a Leire Díez a través la consultora de Gaspar Zarrías y de las empresas de Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García, cuya sustituta, Leticia de la Hoz, declaró también como imputada en la Audiencia Nacional y ha negado que el PSOE pagara su defensa, asegurando que la empresaria Carmen Pano mintió cuando la acusó de intentar sobornarla para que no ratificara ante el juez que llevó una mochila con dinero en efectivo a Ferraz. Un asunto que también tendrá que aclarar la presidente del PSOE, Cristina Narbona, que comparece en calidad de testigo ante el juez Santiago Pedraz, y tendrá que explicar su intercambio de mensajes con la fontanera Leire Díez. Lo mismo que los fiscales Diego Villafañe, número dos de Álvaro García Ortiz antes de ser condenado, y Beatriz López, ambos interrogados como testigos en el caso Cloacas. El fiscal Villafañe ha reconocido ante el juez que después de su cita con la fontanera del PSOE se encontró en los pasillos de la sede de la fiscalía general del Estado con su entonces jefe, que le pidió que entraran en su despacho y le detallara la reunión.
La semana también nos dejaba dos importantes decisiones en el ámbito judicial. En primer lugar, la esperada decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, cuyo presidente, el belga Koen Lenaerts, que en un aceptable español justificaba su aval a la aberrante ley de amnistía: “Debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normal actividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional”. Ya sabemos el especial cariño que nos tiene Bélgica, asilo de etarras entre otras cosas y que vuelve a demostrar el motivo por el que el prófugo Carlos Puigdemont lo eligió para instalarse. Al final, el tribunal europeo se ha tragado el falaz argumento de la supuesta reconciliación, cuando todos sabemos que el verdadero motivo de la aprobación de esa ley era comprar la permanencia en el poder a cambio de los siete votos de JUNTS, y avala el perdón de delitos de terrorismo siempre que no se produzcan violaciones graves de derechos humanos. Al parecer, que le abrieran la cabeza a un policía que quedó incapacitado no atenta contra estos derechos. En cualquier caso, pese a la celebración por parte del ejecutivo y el nacionalismo, la vuelta del prófugo no es tan evidente y la orden de captura del juez Llarena sigue en vigor y la legislatura está muerta al no contar con el apoyo de la derecha catalana, a la que parece que se une de boquilla la vasca del PNV, cuya portavoz Maribel Vaquero ha dicho esto: “Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura, presenten los presupuestos, su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones”. Ya sólo falta que apoyen, o se abstengan, la necesaria moción de censura.
También se pronunció la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos presentados contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado respecto a sentar en el banquillo a la señora Begoña Gómez. Y los cinco magistrados, por unanimidad, han decidido enviar a juicio a la mujer del presidente del gobierno, si bien sólo ratifica dos de los cuatro delitos que el juez Peinado le imputaba: malversación y tráfico de influencias y le devuelve el pasaporte a la imputada, aunque Sánchez no se ha atrevido a llevarla a Nueva York a la final del mundial, tal vez por si Donald Trump no la dejaba entrar. Lo cierto es que esa instancia que según el ministro tres en uno Félix Bolaños, titular de Justicia, “Vendrá un tribunal independiente, de gente competente, de gente profesional…”, para corregir “El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia…” confirma la tesis fundamental de Peinado: que «Begoña Gómez se sirvió de su privilegiada condición de mujer de, para impulsar su carrera profesional, usando recursos públicos con fines privados» y se sentará ante un jurado popular. A la vista de esta confirmación y de la condena de su hermano, parece que lo del tráfico de influencias es cosa de familia. De momento no se ha pronunciado Pedro Sánchez que repetía aquello de: “Yo lo he dicho siempre, lo que le pido a la Justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más”. Y ya que la Justicia está poniendo a todos en su sitio, sólo falta que él ponga en su sitio la voluntad de los españoles y convoque elecciones.
Y otros que pueden acabar en su sitio son el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, su directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, ambos interrogados estos días por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y su segundo, el teniente general Luis del Castillo, después de conocerse la denuncia por trato vejatorio y amenazas que le ha interpuesto el general jefe de la zona de Madrid, Fernando Mora, hoy en la reserva, en relación con la orden, luego revocada ante la postura de éste, de no asistir a los actos organizados para la celebración del 2 de mayo de 2025, fiesta de la comunidad de Madrid, a la que había sido invitado por la presidente Isabel Díaz Ayuso. La periodista Ketty Garat se estrenaba con esta noticia en su nueva etapa en ABC, según la cual, la Fiscalía del Juzgado Togado Central Militar del Tribunal Supremo ve «entidad suficiente y una relevancia bastante» para justificar la apertura del correspondiente procedimiento penal sobre el teniente general Mando de Operaciones (MOPS), sobre lo que no me extiendo, pero que invito a leer y ver el vídeo adjunto con la conversación mantenida entre ambos generales, porque no tiene desperdicio.
Solamente diré que a la vista de esta información y tras la declaración del antes citado Manuel Llamas en la comisión del Senado poniendo en tela de juicio la actitud de algunos de sus subordinados: “Estoy cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional, su Señoría, no nosotros. Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles, que no nos corresponden al uso”, parece que la cúpula actual de la Guardia Civil haya cambiado el prestigioso lema de la Benemérita: “El honor es mi divisa”, por este otro que circula por las redes: ”Vuestro honor ni se divisa”. Lo que es evidente es que el deshonor de estos mandos es una auténtica vergüenza que no merecen los sucesores del Duque de Ahumada.
