Fernando M. Gracia Climent 
«Una frontera no protege únicamente un territorio. Protege también la credibilidad del Estado que la custodia. Y la credibilidad, una vez erosionada, resulta mucho más difícil de recuperar que de perder»
Durante años hemos hablado de inmigración casi exclusivamente en términos humanitarios. Personas que abandonan su hogar porque el hambre, la guerra, la persecución o la falta de oportunidades les empujan a buscar una vida mejor. Esa realidad existe, merece respeto y no debería banalizarse jamás. Quien emprende un viaje incierto, dejando atrás a su familia y poniendo en riesgo su propia vida, no suele hacerlo por capricho. Lo hace porque, desde su perspectiva, permanecer resulta aún peor que partir.
Ese fenómeno ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Los movimientos migratorios forman parte de la historia de las civilizaciones. Cambian las rutas, cambian los destinos y cambian las causas predominantes, pero el impulso permanece y este es buscar un lugar donde vivir con mayor seguridad y dignidad.
Sin embargo, la situación que periódicamente se reproduce en Ceuta, y también en Melilla, invita a plantear una cuestión incómoda. No porque niegue esa dimensión humana, sino porque quizá ya no baste para explicar todo lo que está ocurriendo.
¿Y si algunos episodios dejaran de responder únicamente a una dinámica migratoria espontánea?
No afirmo que así sea. Tampoco sostengo que cada aumento de la presión fronteriza obedezca necesariamente a un plan diseñado desde un despacho gubernamental. Quien hiciera semejante afirmación sin pruebas caería en el terreno de la propaganda y abandonaría el del análisis. Pero también sería intelectualmente pobre descartar esa posibilidad sin siquiera formular la pregunta. Porque, me temo y la vista está que las relaciones internacionales han cambiado profundamente durante las últimas décadas.
Durante siglos, el poder se proyectaba mediante ejércitos. Más tarde llegaron la presión económica, los embargos comerciales, las sanciones financieras y el control de los recursos energéticos. Hoy asistimos a una etapa distinta. Los estrategas hablan cada vez con mayor frecuencia de guerras híbridas. Conflictos en los que la fuerza militar comparte protagonismo con los ciberataques, la desinformación, la presión económica, la dependencia tecnológica y otras formas de influencia mucho más difíciles de identificar.
Algunos analistas sostienen que los movimientos migratorios también pueden convertirse, en determinadas circunstancias, en un instrumento de presión política. No porque los migrantes sean agresores, sino porque pueden terminar siendo utilizados por otros como herramienta de negociación. La diferencia es fundamental. Una cosa es que miles de personas decidan emigrar. Otra muy distinta es que alguien tenga capacidad para facilitar, dificultar, acelerar o ralentizar esos movimientos en función de intereses estratégicos.
Las personas siguen siendo las mismas. Lo que cambia es el papel que otros pueden asignarles. No resulta casual que la propia Unión Europea haya incorporado en los últimos años el concepto de instrumentalización de la migración. Esa expresión no nace del azar ni del lenguaje periodístico. Surge porque las instituciones europeas han asumido que determinados Estados pueden servirse de los flujos migratorios como elemento de presión diplomática, igual que utilizan la energía, el comercio o la información.
Si esa posibilidad existe, las implicaciones son enormes. Durante demasiado tiempo el debate público ha permanecido atrapado entre dos posiciones aparentemente irreconciliables. De un lado, quienes contemplan la inmigración exclusivamente desde una perspectiva humanitaria. Del otro, quienes la reducen a un problema de seguridad. Ambas posiciones contienen una parte de verdad. Y ambas resultan insuficientes cuando pretenden explicar por sí solas un fenómeno extraordinariamente complejo.
Porque una persona puede ser simultáneamente víctima de la pobreza, protagonista de un movimiento migratorio legítimo y pieza involuntaria dentro de una estrategia geopolítica diseñada por terceros. Ninguna de esas circunstancias excluye necesariamente a las demás. Precisamente ahí reside la dificultad.
Las democracias occidentales parecen sentirse incómodas cuando la realidad se resiste a caber dentro de categorías simples. Necesitamos etiquetar los fenómenos para comprenderlos, pero el mundo rara vez acepta nuestras simplificaciones. Quizá por eso el debate oscila continuamente entre dos extremos igualmente estériles. Para unos, cualquier referencia a la seguridad constituye una forma encubierta de xenofobia. Para otros, cualquier apelación a la dimensión humanitaria representa una ingenuidad incompatible con la defensa del Estado.
Ambos enfoques simplifican una realidad mucho más compleja. La verdadera cuestión no consiste en elegir entre derechos humanos y protección de las fronteras. Un Estado democrático tiene la obligación de garantizar ambas cosas. Lo que se necesita es comprender correctamente la naturaleza del fenómeno al que se enfrenta. Porque ninguna política pública puede ser eficaz si parte de un diagnóstico equivocado. Ningún médico trataría una infección como si fuera una fractura. Del mismo modo, ningún Estado responderá adecuadamente a un fenómeno geopolítico si insiste en interpretarlo únicamente como una cuestión asistencial.
Todo eso no implica renunciar a la acogida de quienes tienen derecho a protección internacional. Tampoco significa olvidar las obligaciones jurídicas y morales propias de una democracia. Significa reconocer que el escenario internacional ha cambiado. Las herramientas del poder también.
Quizá el error más peligroso consista en seguir analizando los conflictos del siglo XXI con categorías intelectuales propias del siglo XIX.
Las guerras ya no siempre comienzan con disparos. A veces empiezan con un ataque informático, con una campaña masiva de desinformación, con el cierre de un gasoducto, o con una crisis artificial de suministros… O como estamos aquí tratando con una presión fronteriza cuya intensidad parece variar al ritmo de intereses políticos que poco tienen que ver con las personas que la protagonizan.
No sabemos si todos los episodios responden a esa lógica. Sería irresponsable afirmarlo. Pero sería igualmente irresponsable negarse siquiera a investigarlo.
Hay, además, un elemento que resulta difícil de ignorar y este es la reacción del Gobierno de España. Más allá de las medidas concretas que puedan adoptarse, sorprende la impresión de contención extrema que transmite el Ejecutivo ante una situación que afecta directamente a la integridad de nuestras fronteras exteriores y, por extensión, de la propia Unión Europea. La prudencia diplomática constituye una virtud cuando sirve para ganar tiempo y abrir espacios de negociación. Pero deja de serlo cuando corre el riesgo de ser interpretada como ausencia de determinación.
La historia ofrece aquí una enseñanza que conviene recordar. Existe un concepto clásico en las relaciones internacionales, la política de apaciguamiento. No se trata de establecer paralelismos simplistas con otros momentos históricos, porque cada época posee circunstancias propias. Pero sí de asumir una lección que se repite con frecuencia. Cuando un actor percibe que la respuesta de la otra parte será siempre la moderación, la cesión o la evitación del conflicto, aumenta el incentivo para elevar progresivamente el nivel de presión. La percepción de debilidad rara vez ha contribuido a estabilizar una relación estratégica.
Eso no significa reclamar respuestas impulsivas ni alimentar una espiral de confrontación. Significa comprender que la firmeza democrática también forma parte de la diplomacia. Dialogar no exige renunciar a la capacidad de disuasión. Muy al contrario, las negociaciones suelen desarrollarse en mejores condiciones cuando todas las partes conocen con claridad cuáles son las líneas que el otro no está dispuesto a traspasar.
España no solo administra una frontera nacional. Administra una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Lo que ocurra en Melilla o en Ceuta no afecta únicamente a quienes viven allí. Constituye un mensaje para todos aquellos actores internacionales que observan hasta dónde está dispuesta Europa a defender sus propios límites.
Porque una frontera no protege únicamente un territorio. Protege también la credibilidad del Estado que la custodia. Y la credibilidad, una vez erosionada, resulta mucho más difícil de recuperar que de perder.
Las personas que cruzan una frontera continúan siendo seres humanos, con nombres, historias y esperanzas. No deberían convertirse nunca en enemigos. Pero tampoco deberíamos aceptar que nadie pueda convertirlas en instrumentos de presión política.
Conviene desterrar otra idea tan bienintencionada como irreal. Europa no es una potencia ilimitada, ni económica, ni social, ni demográficamente. Ninguna sociedad, por próspera que sea, posee capacidad para absorber de manera indefinida todos los flujos humanos que puedan dirigirse hacia ella sin que ello termine afectando a sus servicios públicos, a su mercado laboral, a la cohesión social o a la propia aceptación ciudadana de las políticas de acogida. Reconocer ese límite no supone negar la dignidad de quienes buscan un futuro mejor; supone aceptar que la solidaridad solo puede mantenerse en el tiempo si resulta compatible con las capacidades reales de quienes la ejercen. Precisamente por eso, proteger eficazmente las fronteras no constituye una alternativa a la política humanitaria. Es una condición necesaria para que esta pueda seguir existiendo de forma ordenada, justa y sostenible. No decidir si estamos a favor o en contra de la inmigración, sino aprender a distinguir cuándo estamos ante un fenómeno migratorio y cuándo, sin dejar de serlo, puede estar siendo utilizado como una herramienta de poder por quienes persiguen objetivos muy distintos de los de quienes arriesgan su vida en la frontera.
Porque si confundimos ambas realidades, fracasaremos dos veces. No protegeremos adecuadamente a las personas y tampoco protegeremos eficazmente nuestras fronteras.
Y quizá haya llegado el momento de formular la pregunta que ninguna democracia debería temer responder. ¿Estamos diseñando nuestras políticas migratorias para gestionar un fenómeno humano… o seguimos intentando resolver con herramientas asistenciales una estrategia geopolítica que otros ya hace tiempo comprendieron antes que nosotros?
