Ceuta: Cuando el Gobierno falla en la frontera. Por Javier Ygartua

Hay asuntos sobre los que un Gobierno no puede permitirse el lujo de improvisar. La defensa de las fronteras es uno de ellos. Y lo sucedido en Ceuta obliga a mirar directamente hacia La Moncloa y preguntar qué sabía el Ejecutivo, qué hizo con esa información y, sobre todo, por qué los españoles tienen que enterarse de la gravedad de una crisis cuando ésta ya ha estallado.

Ceuta no es una metáfora. Es España. Es territorio español, frontera exterior de la Unión Europea y una de las líneas más sensibles de nuestro país. Precisamente por eso resulta inaceptable que el Gobierno parezca reaccionar siempre un paso por detrás de los acontecimientos.

El problema no es solamente que se produzca una entrada masiva. El problema es que un Estado serio debe disponer de mecanismos de prevención, inteligencia y respuesta suficientes para impedir que su frontera sea sometida a una presión de semejante magnitud.

Y si existían avisos previos, la pregunta es inevitable: ¿qué hizo el Gobierno de Sánchez?

Porque gobernar no consiste en aparecer después ante las cámaras para explicar que todo está bajo control. Gobernar consiste en que la situación no llegue a descontrolarse.

Durante años, el Ejecutivo ha confundido demasiadas veces la política migratoria con una competición de gestos. Mucha declaración solemne, mucha retórica sobre solidaridad y muy poca explicación cuando quienes tienen que defender físicamente la frontera se encuentran frente a situaciones extraordinarias.

La Guardia Civil no necesita discursos. Necesita medios, respaldo y una política fronteriza clara. Y los ciudadanos necesitan saber quién toma las decisiones.

Sánchez no puede pretender que la política exterior y la seguridad de Ceuta sean asuntos reservados para los comunicados de Moncloa. Cuando una frontera española se encuentra bajo presión, la responsabilidad última corresponde al Gobierno de España.

También resulta legítimo preguntarse por la relación con Marruecos. La diplomacia puede exigir prudencia, pero prudencia no significa silencio ni sometimiento. Cooperar con un país vecino es necesario; aceptar que la presión migratoria pueda convertirse en una herramienta de chantaje político sería otra cosa muy distinta.

Y Ceuta tiene derecho a exigir algo todavía más elemental: no sentirse abandonada por Madrid. Lo que resulta políticamente intolerable es que cada crisis termine convertida en una batalla de versiones. El Gobierno minimiza, la oposición exige explicaciones, los ciudadanos observan las imágenes y, finalmente, nadie parece asumir responsabilidades. Ya está bien.

Si hubo información previa, que se explique. Si hubo errores de coordinación, que se reconozcan. Si faltaron medios, que se diga quién decidió no proporcionarlos. Y si la política exterior española ha generado una situación de vulnerabilidad, el Gobierno debe responder políticamente por ello. La responsabilidad no puede desaparecer detrás de la palabra “migración”.

La izquierda suele reaccionar con indignación cuando alguien pronuncia la palabra “frontera” con demasiada firmeza. Pero una frontera sin control deja de ser una frontera efectiva. Y un Gobierno que no garantiza su control incumple una de sus funciones más básicas.

No se trata de levantar muros contra las personas. Se trata de que las entradas en España se produzcan conforme a la ley y bajo el control del Estado. Eso no es extremismo. Es Estado de derecho.

Lo verdaderamente irresponsable sería lo contrario: permitir que la presión sobre Ceuta se normalice hasta que los españoles terminemos aceptando como inevitable aquello que un Gobierno competente debería impedir.

Sánchez tiene ahora una obligación que no puede esquivar con propaganda: explicar qué ocurrió, qué sabía su Gobierno, qué medidas adoptó y quién asume las consecuencias.

Porque cuando una frontera española está en juego, no valen las excusas.

Ceuta no es una moneda de cambio. Ceuta no es una periferia olvidada. Ceuta no es negociable. Ceuta es España.