Eugenio Narbaiza 
«El pasado martes, en una comparecencia en el Congreso, el representante del Tribunal de Cuentas, explicó que la formación que preside el señor Rivera, no ha presentado unas cuentas claras»
La política es como la vida. En muchas ocasiones, se dice que es lo que se debe hacer para mejorar la sociedad o para mejorar la vida de los ciudadanos, pero luego, no se hace o no se pueden ejemplarizar estas cosas con el ejemplo propio. Esto es lo que le ha pasado a la formación que preside Albert Rivera, quien, desde su aparición en la política nacional, ha venido definiéndose como uno de los representantes de lo que se ha llamado » la nueva política» y ha predicado unas nuevas maneras en el ejercicio de la misma, así como en el ejercicio del poder. También se ha dedicado a denostar el trabajo y la manera de hacer de lo que podemos calificar como partidos tradicionales, acusándoles de todos los males de la democracia, del gobierno de la nación y de la situación en la que está la sociedad española. Como es lógico, el señor Rivera puede tener razón en algunas de las cosas que critica, muy especialmente en el capítulo relativo a la corrupción política, porque es inadmisible desde el punto de vista social, pero lo que no es de recibo, es que el no cumpla con lo que predica.
El pasado martes, en una comparecencia en el Congreso, el representante del Tribunal de Cuentas, explicó que la formación que preside el señor Rivera, no ha presentado unas cuentas claras en el órgano fiscalizador y que se han detectado irregularidades en las correspondientes a los años 2014 y 2015, que podrían ser objeto de sanción por parte del Tribunal. En lo relativo al 2014, el informe del Tribunal de Cuentas, que, de sus 1388 folios, dedica desde el folio 128 al 158 para analizar las cuentas de la formación naranja, las irregularidades que expresa el fiscalizador, no son de gran importancia, aunque en lo relativo al 2015, año en el que ya era una formación de ámbito nacional al concurrir a las elecciones europeas, autonómicas, municipales y generales, dicho informe señala en su punto 4 que «… en la revisión de los gastos de personal, se ha observado que los grupos municipales y los grupos políticos de las Diputaciones Provinciales, han destinado parte de las asignaciones recibidas al pago de remuneraciones de personal, por unos importes de 105.185´55 e y 61.207´51 e, lo que incumple el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local».
Por otro lado, y respecto al régimen de contratación, a pesar de haber aprobado la formación con fecha 19 de octubre de 2015, unas instrucciones internas que regulan los procedimientos de contratación, que han de inspirarse en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, el TRIBUNAL, advierte que no se han cumplido, al no publicarse en la web oficial del partido. También el órgano fiscalizador señala que «la formación ha registrado como donaciones en especie, determinados pagos, por importe acumulado de 14.371´16 e, efectuados por terceras personas, de determinadas facturas electorales emitidas a nombre del partido, lo que vulnera el art 4.3 de la LOFPP, que prohíbe a los partidos políticos aceptar que, directa o indirectamente, que terceras personas asuman de forma efectiva el coste de los gastos que genere su actividad. De hecho, la formación, no ha identificado los donantes que han abonado facturas que ascienden a 2036´74 e». La asunción por terceras personas de los gastos del partido en los términos indicados en el art 4.3 de la LOFPP, podría suponer una irregularidad sancionable, tipificada en el art 17 de dicha ley»
Ante estas circunstancias, una vez más se demuestra que en política todo está inventado y que ni lo nuevo es nuevo ni las formas son siempre perfectas, razón por la que el señor Rivera debería de pedir perdón a la sociedad por estos «errores administrativos», lógicos o no, pero lo cierto es que son irregularidades señaladas por un Tribunal del Estado. Nada en política es perfecto ni es imposible el no cometer errores, pero lo que debe quedar claro, es que nadie tiene la legitimidad de la pureza en política y nadie tiene el derecho a acusar de cosas a los demás, cuando es uno mismo quien no las cumple. De otra manera, se observaría una falta de respeto hacia los demás con el único objeto de destruirles, cuando uno mismo, es incapaz de cumplir con aquello que predica.
