Amando de Miguel 
«La coyuntura internacional nos dice que los precios van a seguir subiendo y a los pensionistas no les sirve de consuelo una ley de eutanasia»
En España, los diez millones de pensionistas o jubilados constituyen un conjunto numeroso, inconexo, débil ante los embates de los poderosos. Además, la tendencia es a que crezca en número, a pesar de las epidemias. En ese conglomerado no hay sindicatos efectivos que los representen, ni patronales, ni otros grupos de interés que los defiendan. Es el sector más desasistido del censo.
Para los pensionistas o jubilados, vivir es sobrevivir. Deben atenerse a sus ingresos fijos para consumir unos pocos bienes y servicios imprescindibles. Mal que bien, la sanidad la tienen cubierta, pero, deben atender a los gastos de vivienda y alimentación como más fundamentales.
El problema es que, en la economía actual, se presenta un inquietante estado de inflación. Es decir, se acusa el alza desmesurada de los precios, por encima del límite convencional aceptable de un incremento del 2% anual. Ese módulo es el que corresponde al tope del crecimiento anual de la producción de oro en el mundo; o también, la expansión demográfica máxima de la mayor parte de los países en diferentes tiempos.
La inflación distingue los precios de la energía y los alimentos (“inflación subyacente”, según la errática terminología aceptada) y el resto de los bienes y servicios. El problema actual es que, en España, la tendencia de la inflación subyacente se sitúa alrededor del 5%, mientras que el resto puede llegar, fácilmente, al 10%. Tengo muchas dudas respecto a la veracidad de tales estimaciones estadísticas. No está claro cómo se establece la muestra de los artículos para calcular las variaciones de los precios y cómo se ponderan para calcular el índice medio. Mi experiencia me dice que, en los últimos años, muchos consumos domésticos han duplicado su precio. De poco vale el intento de consumir menos agua o menos electricidad. En los respectivos recibos de tales servicios insustituibles, la partida estricta del consumo es lo de menos. A la cual se añaden impuestos y otros gastos difíciles de entender, que elevan, cada vez más, las respectivas facturas.
El problema más grave es que el providente Gobierno decide subir el monto de las pensiones un 2% anual, y eso en un rasgo de generosidad. Es evidente el gran engaño que eso supone para los pensionistas en una situación de precios desbocados. Simplemente, con sus ingresos, no pueden acceder, fácilmente, al disfrute de los bienes y servicios básicos (energía y alimentos) en condiciones dignas. Recuerdo, otra vez, que se trata de artículos insustituibles. Luego, relativamente, se empobrecen.
Nadie en las alturas parece convencerse de una realidad tan injusta como la descrita a grandes trazos. La pérdida del poder adquisitivo (o de nivel de vida) de los pensionistas equivale a un gigantesco ahorro o a un gran impuesto con el que el Gobierno acude en ayuda de otros sectores sociales más interesantes. Se pueden citar: las mujeres activas, los jóvenes, ciertas empresas, las organizaciones sindicales y otras vinculadas, ideológicamente, con el poder. Es una decisión muy estudiada dentro de una continua campaña electoral, en la que el Gobierno lleva todas las de ganar.
Verbalmente, el Gobierno sigue con la vieja cantinela de que el monto de las pensiones debe subir, acompasadamente, con la subida de los precios. Pero tal arreglo no se ha cumplido en todos los años de la democracia. En todo caso, la decisión se pospone para las calendas griegas, esto es, un plazo que nunca llega. Ni siquiera se cumple la consoladora predicción oficial de que la subida de los precios es, solo, “puntual”, de unos pocos meses. Antes bien, la coyuntura internacional nos dice que los precios van a seguir subiendo en todo el mundo; especialmente, los relacionados con el transporte, el comercio, la energía, los alimentos. No digamos, si la guerra de Ucrania se extiende a otros países o se recrudecen las pandemias. A los pensionistas no les sirve de consuelo que se haya aprobado una ley de eutanasia.
© Amando de Miguel para Libertad Digital
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