Amando de Miguel 
«Lo peor que se puede decir del sistema político español es que se ha perdido la claridad que tenía la palabra Estado»
Un colega japonés me pide que le explique el funcionamiento de la democracia española, sus peculiaridades. Le anticipo que no vale con exponerse al texto de la Constitución o al canal internacional de RTVE. En el mejor de los casos, esas fuentes más asequibles sirven para determinar lo que debe ser el sistema político de España. Por ejemplo, no vale concluir que, en España, se sigue la clásica división de poderes de la teoría democrática. El Parlamento mantiene una estricta disciplina de voto, por lo que las leyes que aprueba, normalmente, son las que dicta el Gobierno. El cual consigue, además, que los jueces de los altos tribunales sean sumisos a las pretensiones del Ejecutivo. Los ciudadanos informados saben identificar muy bien las ideologías de los jueces. Ellos mismos las declaran, tácitamente, al integrarse en una u otra asociación gremial, ostentosamente, asimiladas a uno u otro partido, el socialista o el conservador o “popular”. Debe anotarse que, en la España actual, gobierna una alianza de socialistas y comunistas, con el apoyo de los secesionistas vascos y catalanes. Uno de ellos (Bildu) es el heredero de los terroristas vascos. Tal mezcolanza se autodefine como “progresista”. Es la ideología que predomina en España, sea en la política, en la cultura o en la calle.
La fórmula económica de la coalición gubernamental podría ser considerada como “el gran chalaneo”. Por un lado, el Fisco grava con una cantidad creciente de impuestos, tributos, contribuciones, recargos y multas a toda la población. Con ese monto, el Gobierno distribuye una notable cantidad de subsidios, subvenciones, ayudas, cheques para los más vulnerables. Una parte considerable de esa corriente se dirige a los grupos afines al Gobierno. Es una forma de “clientelismo”, la adaptación española al Wellfare State. Por cierto, los hispanos de los Estados Unidos de América han acuñado la voz güelfería para esa adaptación, un sí es no es corrupta. En España, hay muchas ilustraciones de la utilización partidista o arbitraria de los recursos de la Seguridad Social o, simplemente, de la Administración Pública.
En las cuatro décadas de régimen democrático español, se ha ido consolidando un sistema de alternancia de dos grandes partidos en el Gobierno de la nación, uno de la derecha y otro de la izquierda. Empero, cuando la derecha ha gobernado no ha sido capaz de anular la legislación “progresista” del anterior Gobierno. Ambos partidos han coincidido en primar la constante subida de los impuestos y el mantenimiento de generosas subvenciones a los sindicatos y a otros grupos de interés.
La democracia se basa en un grado aceptable de libertad, que se expresa, sobre todo, en la acción de la prensa y sus diversos formatos. Ciertamente, en España, hay más pluralismo político o ideológico que el que caracteriza a las autocracias o populismos. Sin embargo, la libertad, también, se restringe mucho en España. Es el hecho de que los Gobiernos (el central y los regionales o “autonómicos”) controlan, directa o indirectamente, los más importantes medios de comunicación. Resulta abrumador el peso de la propaganda política oficial, a través, de casi todos los medios.
La gran paradoja de la actual democracia española es que quien más se ha beneficiado de ella, de las decisiones de todos los Gobiernos, han sido los grupos secesionistas. A sí mismos se han solido denominar “nacionalistas”, en el sentido de que se consideran fieles, exclusivamente, de sus respectivas “nacionalidades” (las de cada región). El hecho es que no se sienten españoles.
Lo peor que se puede decir del sistema político español es que se ha perdido la claridad que tenía la palabra Estado. En muchos casos, por la gran influencia de los secesionistas o separatistas, el Estado sustituye a la voz España, vitanda para una gran parte del progresismo dominante. En otras circunstancias más coloquiales, el Estado significa realmente, el Gobierno. En ocasiones, el término Estado se escribe con minúscula, esto es, desprendido de su personalidad jurídica. En el caso de ciertos políticos más escurridizos, la presunción de que obran “con sentido de Estado” quiere decir que los otros de su casta se comportan con miras particularistas. Se trata de una apreciación indecente. En definitiva, resulta difícil elucidar qué sea, realmente, el Estado en la vida política española. Ya, es confusión.
Amando de Miguel para Libertad Digital.
