Amando de Miguel 
«En España, el Gobierno se ha esmerado en manipular las estadísticas para tranquilizar al pueblo, como parte de una acción de propaganda»
Este era el título de un librito que los estudiantes de la Universidad de Columbia debíamos considerar como lectura “requerida” para seguir un curso de Métodos Sociológicos. Eso fue hace más de sesenta años, se dice pronto; mas la realidad sigue vigente. En la España de hoy, el Gobierno se ha esmerado mucho en manipular las estadísticas oficiales para tranquilizar al pueblo, como parte de una acción de propaganda.
La estadística es un suceso colectivo, que puede expresarse mediante datos numéricos. La mendacidad consiste en ocultar una parte de las mediciones para conseguir que el público no se desanime con los datos más preocupantes. Digamos que se puede engañar con ciertas estadísticas por mucho que la intención sea buena.
Considérese un caso, aparentemente, trivial: la tasa de inflación a través del cálculo en la variación de los precios del carrito de la compra doméstica. Se sospecha que los datos proporcionados por el Gobierno infraestiman la realidad. La cual tiene una traducción práctica. La minúscula subida de las pensiones de acuerdo con el alza oficial del IPC (índice de precios al consumo) supone una considerable estafa colectiva, aunque legal. Además, el índice de la inflación es, solo, una parte de un concepto más amplio y verdadero. Se trata de la pérdida de capacidad de consumo, en términos reales, por parte de la población. Es decir, asistimos a un empobrecimiento relativo. En cuya ecuación interviene, además, la subida los impuestos, las multas y otros pagos que hay que hacer al Estado. No consta que, con todo ello, haya mejorado la atención de los servicios públicos.
Otro capítulo de las estadísticas mendaces es el cálculo de la cifra de parados en la población activa. Oficialmente, se elimina una buena cantidad de ese extremo cuando no se tienen en cuenta los parados definidos como “fijos discontinuos”, donoso eufemismo.
La realidad es que se miden mal los componentes de la población activa. Habría que llevar a cabo un plan de obtención de datos más finos sobre el particular. Partimos de la noción de “población laboral”: habitantes de 16 a 64 años que trabajan o desean trabajar y pueden hacerlo. Se excluyen los enfermos, impedidos, discapacitados e internos en instituciones totales (internados). Sobre la base indicada, hay que determinar estas categorías: ocupados fijos, ocupados parciales (tiempo limitado) y parados. Los ocupados admiten varias clasificaciones: (A) por cuenta propia (autónomos) o ajena (asalariados). (B) Por sectores de actividad. (C) Por tipo de economía: formal (con contrato) o informal (sin contrato). (D) Por número de empleos, uno o varios. (E) Ocupación presencial o teletrabajo. Ya, de paso, la observación sobre la población ocupada debería explorar el futuro inmediato de los sujetos entrevistados. Al menos, se precisan estos extremos: posibilidades de ascenso o de despido, aplicación de la capacidad recibida en la experiencia educativa.
Con independencia de las ilustraciones dichas, debería existir un organismo de evaluación de las estadísticas oficiales. La idea es la de determinar su fiabilidad y su utilidad. Naturalmente, se cuenta con el margen normal de indeterminación estadística, sobre todo en los casos de errores muestrales Por lo mismo, ese organismo de evaluación (no sé si parlamentario o judicial) debería poner coto a los excesos del gasto público en pura propaganda. No son más que expresiones de la degradación de nuestra democracia para adentrarnos en el pantanoso terreno del autoritarismo. Pero, esa es otra historia.
Amando de Miguel para Libertad Digital.
