Antonio de la Torre 
«El presimiente de las primeras veces sigue dándonos certezas de que su capacidad de mentir raya con lo infinito»
Empezábamos la semana con el prolegómeno dominical, en plena siesta, de una nueva mentira presidencial, y van… y la terminamos con la consumación de una traición que no por esperada es menos felonía.
El presimiente de las primeras veces sigue dándonos certezas de que su capacidad de mentir raya con lo infinito. El pasado domingo día 22, con “siestidad” –perdón por el palabro– y alevosía, interrumpía el sosiego sestero de muchos españoles, utilizando su monopolizada Televisión Espantosa para hacer una comparecencia en solitario, como a él le gusta para sus monólogos tediosos –recordemos cuando acusaba a Mariano Rajoy de “hacer un plasma”–. En esta ocasión sólo duró dieciocho minutos, aunque sobraban quince para decir lo que dijo, pero el circunloquio forma parte inseparable de sus discursos. Con su solemnidad e inclusivismo característicos y menos demacrado que la semana anterior, cuando en una gran labor de su equipo de maquillaje aparecía con unos surcos faciales exagerados para pedir perdón a la ciudadanía por lo malos que habían sido sus tres compañeros de viaje en el Peugeot, que lo habían “traicionado y abusado de su confianza”, comparecía “de urgencia” (decía) en esa sala de prensa vacía para decirnos que “el Gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN. Un acuerdo, a nuestro juicio muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con la Alianza Atlántica y preservar algo muy importante, que es su unidad, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto”. No faltó la correspondiente puyita a la oposición: “Hemos duplicado nuestra inversión anual en seguridad y en defensa, pasando en (sic) 2018 del 0,9% del PIB que dejó la anterior administración conservadora, hasta lograr, como nos hemos fijado, el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa para este año, en el año 2025”.
Otra mentira, por mucho que la disfrace, porque el gasto actual en Defensa de España representa el 1’28% del PIB, el 2% era el compromiso adquirido para este año, lejos todavía de haberlo alcanzado. Justificándolo en la “claridad, concisión y profesionalidad de los técnicos de nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó rotundo que “España va a necesitar dedicar alrededor del 2%, en concreto el 2,1% de su PIB, para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza, para hacer frente con nuestras capacidades a esos desafíos a los que antes he hecho referencia, por tanto, el 2,1%, ni más ni menos”. Una afirmación que merecía el siguiente titular del Financial Times: ‘Pedro Sánchez torpedea la unidad de la OTAN en vísperas de una cumbre crucial’.
Tras calificar de “precipitación artificial” ese aumento al 5% del PIB en Defensa, añadió que provocaría “presiones inflacionistas…, alzas de precios en determinadas materias primas, aumento excesivo de la deuda pública y del déficit público y falta de inversión en sectores… claves para nuestro futuro…, pongamos el caso del ámbito educativo, del ámbito biomédico o del ámbito digital”, tres campos en los que tiene poca o ninguna competencia el gobierno central, pero sirve de cara al rebaño y a sus socios y apoyos parlamentarios. Por supuesto, tampoco faltó su autoalabanza para colarnos su tercera mentira –tal vez despiste en su constante ignorancia– en tan poco tiempo, al justificar ese esfuerzo presupuestario –que por cierto no ha dicho todavía de dónde va a salir porque, para empezar, ni siquiera tiene Presupuestos presentados para este año (mucho menos aprobados) y estira los de hace un par de años–: “afortunadamente, el buen desempeño de nuestra economía, la gestión prudente de los últimos años, nos permite invertir un 0,6% –si partía del 0’9% y aun considerando el actual del 1’28%, incrementar un 0’6% no llega en ningún caso al 2’1% “ni más ni menos”– de nuestro PIB más en seguridad y en Defensa y hacerlo además sin subir impuestos y recortar un céntimo de euro de los servicios públicos, las prestaciones sociales o algo tan importante como es la lucha contra la emergencia climática”, que no falte el “clima cambiático” ni el silencio sobre recortes del despilfarro en gasto público inútil e innecesario.
Remataba su soliloquio insistiendo en que “pasar del 2% al 5% nos obligaría a cruzar todas esas líneas rojas”, sin alusión por supuesto a las que no deja de saltar en otras cuestiones que después comentaré, que llevarían a “subir drásticamente los impuestos a la clase media trabajadora o recortar severamente nuestro Estado del bienestar”, que materializaba en “subirle a cada trabajador y trabajadora los impuestos en unos €3.000 anuales, €3.000 anuales, eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad, reducir en un 40% todas las pensiones o recortar a la mitad la inversión estatal en educación desde los cero años hasta la Universidad”.
Y se despedía, de camino a la cumbre de la OTAN en La Haya, de cuyos acuerdos, a priori, «nos sentimos orgullosos y también agradecidos al secretario general de la OTAN, a mi amigo Mark Rutter». Una amistad que duró menos de veinticuatro horas que fue lo que tardó el “amigo” en enviarle una carta que lo devolvía a la cruda realidad, admitiendo sólo cierta flexibilidad para alcanzar ese 5%, revisable en 2029, 3’5% en gastos puros de defensa y un 1’5% relativo a la seguridad. Y lo dejaba así de claro desde La Haya: “España cree que puede alcanzar cuántos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5% en conjunto, así que ahora cada país informará periódicamente sobre lo que está haciendo en términos de gasto y de alcanzar los objetivos y de todas formas habrá una revisión en 2029”, sentenciando en la inauguración de la citada cumbre que “en la Alianza ni hay cláusulas de excepción ni hay acuerdos paralelos”.
Como decía Jorge Bustos en su editorial de COPE: “Todo lo que diga Pedro es mentira hasta que se demuestre lo contrario”. Pero Pedro es capaz de decir una cosa y su contraria –“Por tanto, simplemente un matiz, cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo”, decía en la rueda de prensa– si con ello contenta a sus socios y apoyos, que le tienen totalmente cogida la medida, como dejaba claro el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián: “Me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda, a la izquierda del PSOE, que estamos en esto, que aprovechemos el tiempo que nos quede, el tiempo que a esto le quede, pase lo que pase, para avanzar” y no menos el líder de BILDU, Arnaldo Otegui: “Nosotros somos independentistas, pero creemos que en esta fase histórica, este gobierno significa y tiene una ventana de oportunidad que tiene que ser aprovechada también para resolver el problema nacional, en la medida de nuestras posibilidades”. Y no menos preciso en cuanto al porcentaje de pago por parte de Espala y claro en su conocimiento de este personaje que nos desgobierna, fue Donald Trump desde La Haya también: “Yo fui el que dijo que eso es lo que deberían estar pagando. como ya saben ahora tengo un problema con España, siempre hay un problema con España. España no está de acuerdo, lo cual es muy injusto para el resto de los países”.
Lo cierto es que fue motivo de mofa por algunos de sus colegas europeos. Así, el primer ministro belga Bart de Webwer decía con cierta retranca que “Sería genial ver que se puede hacer, que lo que se calcula, que es un 3,5%, si al final es un 2,1 como ha dicho Pedro Sánchez. Si puede hacerlo es un genio y por supuesto la genialidad inspira a la gente”, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni remachaba entre risas que “España ha firmado el mismo documento que nosotros, creo que no he escuchado la intervención de nadie esta mañana con temas polémicos o distintos, pero comunico que Italia ha hecho como España, o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho exactamente lo mismo”.
Pero para desmontar todos estos argumentos y comentarios de mofa sobre el mentiroso compulsivo español aparecía su ministra portacoz, Pilar Alegría, diciendo que “Lo que diga el secretario general de la OTAN es una opinión y es su valoración. Para cumplir ese compromiso que hemos adquirido con nuestras capacidades, con el 2,1% es suficiente para llevarlas a efecto”. Si lo sabrá ella.
Y vamos ahora con la esperada sorpresa de don Cándido Conde “Podrido” y cinco de sus putrefactos magistrados o lo que sean, cuesta llamarlos así, del que ya se consumó como Tribunal “Prostitucional” y que, como decía, no por esperada, es menos felonía. Este desprestigiado órgano argumenta su decisión en dos argumentos, a cual más falaz. Por una parte aducen que como la Carta Magna no prohíbe expresamente la amnistía, como sí hace expresamente con los indultos generales (Art. 62.i), pues es que está permitida, lo que abre una peligrosa puerta de interpretación de otras posibles aberraciones penales. Por otro lado, se apoyan en el supuesto bien común que puede representar para Cataluña, lo que es absolutamente falso. La realidad es que se ha impuesto el chantaje a Pedro Sánchez que admite cualquier cesión con tal de mantenerse un poco más en el poder. Y merece un comentario el voto particular del magistrado Ricardo Enríquez, que expone cinco razones que, a su juicio, evidencian la inconstitucionalidad y arbitrariedad de la ley, cuestionando tanto su fondo como su tramitación.
Recordemos que, incluido el presimiente, fueron una docena al menos, de ministros y cargos socialistas, los que dijeron con toda rotundidad que la amnistía era anticonstitucional o que no cabía en la Constitución, hasta el día 23 de julio de 2023 que, a la vista de los resultados electorales, se propició el más importante de los muchos “cambios de opinión” a los que el doctor PinócHEZ cum Fraude nos tiene más que acostumbrados. Él mismo, nos dejaba frases como esta: “Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía pues evidentemente pues el recorrido es el que es”. O, aún más contundente aquello de que “El independentismo pedía la amnistía y un referéndum de autodeterminación; no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá”. Y así respondía a un representante catalán: “El independentismo, lo que pide es la amnistía, es algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Yo entiendo que usted venga aquí diciéndome que su programa de máximos, ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía según ustedes, pero si queremos avanzar en la mesa de diálogo entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas”. Pero siete votos controlados desde Waterloo obraron el “milagro” con el “negociador” Santos Cerdán, que ya veremos con qué nos sorprende el lunes próximo.
No fueron menos rotundos algunos de sus ministros, como el incalificable Fernando cada vez más “Pequeño” Marlasca: “Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico”. También su traidor copiloto del Peugeot, José Luis Ábalos: “Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra de la amnistía”. O el que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy en el equipo putrefacto, aunque no pudo votar, que decía desde el banco azul que “Y esas son las bases que estás sentando el gobierno, la amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe”.
Redundante también en la misma tesis fue el hoy presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa: “Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro, ni amnistía ni nada de eso”. Por su parte, Miguel Iceta, cuyo currículum dice “educado (pero poco, añado yo) en la Universidad Autónoma de Barcelona” e inexplicable ministro de Política Territorial y Función Pública primero y de Cultura y Deporte después y hoy embajador en la UNESCO, insistía con lo mismo: “Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales, no es el caso”. También Carmen Calvo, en su etapa de vicepresidente de Felónez y premiada con la presidencia del Consejo de Estado, otra incongruencia sanchista, dejaba su sentencia: ”Cuando usted habla de planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el judicial”.
Por último, la hoy perdida ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo decía de otra manera sin citar la palabra amnistía: “No vamos a hacer descansar nunca la gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieran romper España, no vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país”. Tampoco faltaron las manifestaciones de sus portavoces parlamentarios. Primero, la anterior, Adriana Lastra, hoy “apartada” en la delegación del gobierno en Asturias: “Les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra Constitución”. Después el actual y “meritorio” jurista, Pachi “Nadie” López, no se privaba tampoco: “El diálogo como método y la Constitución como marco”.
Pero el jueves, todos se congratulaban de la esperada decisión de los podridos, aunque para no alargarme demasiado recogeré sólo la petición del citado Illa, al que algunos citan como posible sustituto de Sánchez para completar la legislatura: “No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía, me duele que haya personas que aún no se han podido beneficiar de esta ley. Pido a las autoridades judiciales pertinentes, en especial el Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero también con claridad, que se aplique esta ley”. De momento, el principal beneficiario no podrá volver a España porque el Tribunal Supremo confirma la decisión del juez Pablo Llarena de que la amnistía no se aplica a la malversación y se mantiene la orden de busca y captura contra el fugado Carlos Puigdemont, al inadmitir el incidente de nulidad.
Mientras tanto, los servicios jurídicos de la presidente de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, califican esta ley de autoamnistía ante la evidencia de que sus autores son sus beneficiarios y sólo nos queda la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se reúne el próximo 15 de julio y esperemos que ponga a Podrido y su banda en su sitio.
Pero no olvidemos que el principal culpable activo –pasivos hay más responsables, desde la propia Constitución, demasiado abierta– del inicio de esa carrera del proceso catalán fue José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en noviembre de 2003 le decía al entonces presidente de la Generalidad Pascual Maragall aquello de “Pascual, aprobaremos en Madrid lo que venga aprobado desde Cataluña”. Un Zapatero que en las últimas semanas ha tomado protagonismo en la defensa de su clon Sánchez y que se puede ver implicado en algunas de las tramas derivadas del caso Koldo. Un tema que puede resultar interesante y del que tal vez tengamos más noticias la próxima semana.
