Francisco G. Valencia «Al final del túnel de la propaganda, no encontraremos una España más moderna, sino una institución más débil y una sociedad más fracturada»
En este enlace los tres primeros capítulos
Capítulo 4.
Cuando la Necesidad se Disfraza de Virtud
La política española ha inaugurado una era donde las palabras ya no sirven para describir la realidad, sino para encubrir su demolición. Bajo el prisma del «Sanchismo», hemos asistido a la institucionalización de una falacia retórica: la elevación de la conveniencia personal al altar de la ética pública. Siguiendo con nuestro autor de referencia para dar empaque a este ensayo (Edward de Bono), su «revolución positiva» basada en la flexibilidad operativa, se traduce en la práctica sanchista en una preocupante plasticidad moral que sacrifica los principios en pos de la supervivencia. Nuestro referente circunstancial propone que la positividad reside en la capacidad de rediseñar una situación para obtener valor, independientemente de las circunstancias; sin embargo, desde una perspectiva crítica, Pedro Sánchez ha llevado este concepto a un terreno oscuro. Para el Sanchismo, la realidad no es un marco de límites éticos, sino algo moldeable según la urgencia del momento. Este trilerismo constante permite que lo que ayer era una línea roja, hoy sea un puente, y mañana una supuesta obligación moral para la «convivencia».
El ejemplo más flagrante de esta mecánica es la Ley de Amnistía. Antes de las elecciones, la amnistía era descrita por el propio Gobierno como «inconstitucional» y un «atentado al Estado de Derecho». No obstante, en cuanto los siete votos de Junts se volvieron la necesidad matemática para continuar en la Moncloa, el sanchismo aplicó el manual de diseño operativo y presentó la rendición como una virtud de Estado. Aquí, el diseño de la solución no busca el bien común, sino la resolución de un problema personal de aritmética parlamentaria, disfrazando el mercadeo de principios con un lenguaje de progreso. Es en este punto donde el sanchismo choca frontalmente con la tradición conservadora sustentada por ejemplo en autores como Edmund Burke. Para el pensamiento burkeano, la virtud política no es la astucia para sobrevivir, sino la prudencia vinculada a la permanencia de las instituciones y el respeto a la palabra dada. Mientras que si pasamos por el filtro de, De Bono el pragmatismo sanchista, este podría justificar el cambio de rumbo por eficacia, mientras que para el conservadurismo la política es un contrato de confianza que no puede romperse por un interés coyuntural sin destruir la legitimidad del sistema.
Esta visión sanchista de la virtud, entendida como una capacidad de ser fluido y «moverse» según la conveniencia, se opone radicalmente a la ética de la coherencia. Como sostenía la tradición clásica de Aristóteles, la virtud es un hábito firme y una disposición de la voluntad hacia la verdad; no se puede ser virtuoso por la mañana y lo contrario por la tarde según sople el viento de las encuestas o las exigencias de un socio de investidura. Para el conservador, un líder que transmuta sus convicciones por necesidad parlamentaria no está «evolucionando», está desintegrando su autoridad moral. Sin embargo, el sanchismo ha utilizado la premisa del pensamiento lateral para colonizar los contrapesos del Estado, bajo la excusa de que las instituciones deben ser «operativas» y alinearse con la mayoría gobernante. Así, el asalto a las instituciones no se presenta no como un abuso, sino como un rediseño necesario para que el país «avance».
Lo que se nos vende, en definitiva, como una revolución positiva de adaptabilidad es el triunfo del relativismo moral más absoluto. Al transformar su necesidad de poder en una falsa virtud pública, Sánchez no solo erosiona las instituciones, sino que corroe la confianza básica en la palabra dada. Frente a la plasticidad sanchista, que utiliza la creatividad para justificar la amoralidad, el pensamiento conservador reclama la vuelta a la política del honor. Pues, cuando la necesidad del líder se convierte en la única medida de la virtud, la democracia deja de ser un sistema de reglas compartidas para convertirse en el tablero de juego de un ilusionista. El riesgo último de esta deriva es que, al vaciar de contenido la verdad para adaptarla al diseño del poder, se termina por vaciar de legitimidad al propio Estado, dejando a la Nación a merced de una voluntad personalista que no reconoce más límite que su propia permanencia.
Capítulo 5.
La Geometría de la sumisión: El Coste de la supervivencia operativa
Si el capítulo anterior desnudaba la mecánica retórica del sanchismo para disfrazar la necesidad como virtud, es en la praxis de sus pactos de legislatura donde este engaño se despliega con todo su rigor destructivo. Para Pedro Sánchez, la gobernabilidad no ha sido el fruto de un consenso programático, sino el resultado de un diseño de ingeniería donde cada institución del Estado ha sido tasada y ofrecida como moneda de cambio. Bajo la premisa de la «revolución positiva» de De Bono —donde lo que importa es que el sistema funcione para el objetivo fijado—, el sanchismo ha sustituido la ética de la convicción por una operatividad amoral. En este rompecabezas, la supervivencia del líder es el valor supremo, y el precio de esa permanencia ha sido una demolición controlada del orden constitucional de 1978.
La XIV Legislatura (2020-2023) marcó el inicio de esta deriva, estableciendo un precedente de «normalización» de lo que hasta entonces era tabú. La entrada de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y la dependencia estratégica de ERC y EH Bildu supusieron las primeras luces de un relato oficial que vendía estabilidad frente a la pandemia. Sin embargo, tras ese escaparate se escondía la despenalización a medida: la eliminación del delito de sedición y la reforma de la malversación para proteger a los socios del Gobierno. Desde una óptica conservadora, esto supuso el primer gran tajo a la igualdad ante la ley, priorizando la aritmética sobre la justicia.
El salto definitivo al vacío llegó con la XV Legislatura, donde la arquitectura del pacto ha requerido de fontaneros y emisarios que operan en las alcantarillas de la política. En este escenario, la figura de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, ha sido fundamental como el ejecutor material de la entrega de soberanía. Cerdán, cuya imagen en Bruselas rindiendo pleitesía a un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont bajo la fotografía de una urna del 1-O quedará para la historia del deshonor, representa el brazo operativo que no teme mancharse con el barro de la negociación espuria. Su reciente implicación y señalamiento en diversas tramas de corrupción (como el caso Koldo/Ábalos) no hace sino subrayar la naturaleza de un sistema donde la eficacia en el pacto turbio prima sobre cualquier estándar de ejemplaridad.
Junto a Cerdán, emerge la sombra persistente de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha asumido el rol de «arquitecto en la sombra» y mediador de cabecera del sanchismo. Zapatero, cuya propia herencia política está marcada por la división y el declive económico, actúa ahora como el facilitador de acuerdos con los sectores más radicales del independentismo y con regímenes exteriores cuestionables. A pesar de estar permanentemente en la cuerda floja por sus vínculos y su opacidad mediadora, su intervención ha sido decisiva para engrasar la relación con Junts y ERC. Zapatero aporta la coartada ideológica a la rendición, vendiendo como «pacificación» lo que el pensamiento conservador identifica como el desmantelamiento del Estado de Derecho. Su labor de intermediación en Suiza con verificadores internacionales es la prueba final de que el sanchismo ha externalizado la política nacional a manos privadas y fuera del control parlamentario.
Las sombras de esta legislatura son ya estructurales y afectan al núcleo de la Nación. El pacto con Junts no es una «solución de diseño» para Cataluña, sino una claudicación ante el chantaje. La Ley de Amnistía, que antes de las elecciones era «inconstitucional e imposible», se convirtió en obligatoria en cuanto los siete votos de Puigdemont fueron necesarios para habitar la Moncloa. A esto se suma la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a la Generalitat, un soborno territorial que dinamita la solidaridad entre comunidades autónomas. Mientras el relato sanchista habla de «progreso», la realidad muestra un Estado que se desmiembra para pagar la estancia de un solo hombre en el poder.
En definitiva, la geometría del sanchismo no busca el bien común, sino el equilibrio de intereses de una amalgama de fuerzas cuyo único punto de unión es el debilitamiento de España. Sánchez ha demostrado que su «manual de resiliencia» es, en realidad, un manual de desguace institucional ejecutado por figuras cuestionadas como Ábalos, Cerdán y apadrinado por el radicalismo de Zapatero. Al transformar la necesidad de siete votos en una falsa virtud de Estado, se ha quebrado la confianza básica que sostiene a la democracia. La victoria de la operatividad sanchista es, trágicamente, el fracaso de la integridad nacional, dejando al país en manos de quienes hicieron del ataque al Estado su razón de ser.
