Anna Castells 
«Intentar romper un país por parte de responsables políticos es el peor delito posible y merece el reproche penal correspondiente como debida reparación por haber defraudado la confianza puesta en ellos»
El derecho penal no se basa en la “revancha” ni en la “venganza”, se basa en la necesaria reparación por la quiebra de un bien jurídico merecedor de protección, por ejemplo la vida, la propiedad privada o la salud, en el caso de derechos individuales. Pero existen también bienes jurídicos colectivos por ejemplo la seguridad del tráfico o la integridad territorial de un país.
No hay país en el mundo, ni democrático ni no democrático, que contemple impasible un intento de romper esa integridad, no un golpe de Estado para cambiar un gobierno o un régimen sino el intento de separar una parte del territorio de una nación sustrayendo ese territorio a una parte de sus ciudadanos; los que quedan “secuestrados” contra su deseo en el territorio separado y los que quedan fuera de el sin haber tenido ocasión de expresar su opinión al respecto.
Intentar romper un país por parte de responsables políticos, o sea de aquellos obligados básicamente a dos cuestiones; velar por el bienestar de TODOS los ciudadanos puestos a su cuidado y por el cumplimiento de la legalidad vigente, es el peor delito posible y merece el reproche penal correspondiente, no por revancha ni venganza sino como debida reparación por haber defraudado la confianza puesta en ellos por los ciudadanos y haber puesto en riesgo un derecho común y un bien jurídico digno de la protección de la ley.
